Nuevas restricciones contra el aparato estatal y paramilitar
El Departamento de Estado ha oficializado la inclusión de diez organizaciones cubanas en su lista de entidades sancionadas, cortando sus vínculos con el sistema financiero estadounidense. La medida prohíbe explícitamente cualquier relación económica entre estas empresas y contrapartes en Estados Unidos.

El listado abarca tanto entidades comerciales clave como grupos de control social. Entre las organizaciones afectadas se encuentran:
- Ministerio de Turismo (MINTUR): Responsable de regular el flujo turístico hacia y desde el país.
- Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).
- Organización Superior de Dirección Empresarial CAUDAL S.A. (CAUDAL).
- Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX): Entidad estatal que gestiona una proporción significativa de las importaciones y exportaciones del país.
- Coreydan S.A.: Dedicada a la importación de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.
- Enetec S.A.: Enfocada en la importación y exportación de combustibles y lubricantes dentro del sector energético.
- Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.): Controlada por el Grupo de Administración Empresaria S.A. (GAESA), esta entidad gestiona la exportación de mano de obra cubana a Angola.
- Milicias de Tropas Territoriales (MTT): Fuerza paramilitar civil bajo el mando del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).
- Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC): Organización social y paramilitar supervisada por el MINFAR, encargada de realizar vigilancia sobre disidentes por instrucción del Ministerio del Interior.
- Brigadas de Respuesta Rápida: Grupos civiles armados de tipo parapolicial organizados y entrenados por el gobierno cubano.
La estrategia de asfixia financiera
Para Washington, estas entidades funcionan como pilares duales: sirven como instrumentos de represión y control social, al tiempo que actúan como canales vitales de ingresos para el Estado. Estas sanciones se suman al bloqueo del suministro de combustible impuesto en enero y a las restricciones previas contra GAESA, el conglomerado militar que, según estimaciones del Departamento de Estado, controla entre el 40% y el 70% de la economía de la isla.
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La presión sobre el sector turístico es palpable. Diversas cadenas hoteleras internacionales han comenzado a reevaluar sus operaciones en la isla para evitar violar las normativas estadounidenses, aunque firmas españolas como Meliá e Iberostar han mantenido sus establecimientos.
Advertencias desde Panamá
La ofensiva diplomática se trasladó a Panamá, donde el alto funcionario del Departamento de Estado, Samuel Parker, lanzó una advertencia directa. Parker alertó a bancos y empresas sobre los «riesgos» que implica facilitar el flujo de dinero hacia Cuba, cercando aún más las opciones de financiamiento del régimen.
El cruce de acusaciones en el quinto aniversario
El secretario de Estado, Marco Rubio, vinculó estas acciones con el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Rubio enfatizó que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas a su alcance para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional que, a su juicio, plantea el régimen cubano, con el objetivo declarado de impulsar reformas económicas y políticas en la isla.
La respuesta de La Habana no se hizo esperar. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó las sanciones en la red social X como una «manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar» a la población.
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