La Fiscalía federal estadounidense solicitó la confiscación de 15.000 millones de dólares a Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, previo a su sentencia programada para el 20 de julio de 2026. Este proceso plantea interrogantes sobre el destino final de los activos incautados y la posibilidad de reparación para las víctimas.
La Fiscalía de Estados Unidos formaliza la confiscación de 15.000 millones de dólares contra Ismael Zambada
La solicitud de confiscación y el destino del dinero
El próximo 20 de julio de 2026, un tribunal federal en Nueva York determinará la sentencia definitiva contra Ismael «El Mayo» Zambada. El 13 de julio de 2026, la Fiscalía federal estadounidense presentó formalmente esta petición de confiscación contra el cofundador del Cártel de Sinaloa.
Hale, investigador no residente en políticas de drogas y estudios sobre México en el Instituto Baker de la Universidad de Rice, en Houston. Hale explicó a DW que este capital suele distribuirse para financiar las operaciones y costos del Departamento de Justicia, además de compartir efectivo, equipo y otros bienes con agencias locales, del condado, estatales, tribales y otras agencias federales que hayan ayudado en la investigación original que condujo a la incautación.
Juan Carlos Montero Bagatella analiza la imposibilidad de que México recupere los activos del Cártel de Sinaloa
La posición de México frente al decomiso
Existe un debate sobre si México podría reclamar parte de estos fondos. Juan Carlos Montero Bagatella, investigador especializado en seguridad pública y profesor de la Universidad de Monterrey, señaló a DW que, aunque las cuentas bancarias del crimen organizado a menudo se originan en territorio mexicano, la falta de investigaciones locales propias complica cualquier intento de recuperación. «Tendría que hacer sus investigaciones correspondientes, cosa que no ha hecho», observó el académico, quien agregó que, ante la actuación de Estados Unidos en los últimos meses, es «prácticamente imposible que México se pueda quedar con algo de este dinero».
La dificultad técnica es considerable. Según el investigador, las fortunas de figuras como Zambada están fragmentadas en una red compleja de prestanombres y empresas fantasmas, ya sean firmas constituidas legalmente o empresas fachada, donde el dinero ilícito se mezcla con capital legítimo. Montero Bagatella sostiene que el manejo de estas fortunas ha sido «populista», complicando la labor de inteligencia financiera necesaria para la recuperación de activos.
El juez Brian M. Cogan recibe la aceptación de cadena perpetua por parte de la defensa de Zambada
El proceso legal y la situación de Zambada en Nueva York
Más allá de los aspectos financieros, el proceso judicial contra Zambada ha tomado un giro definitivo. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, aceptando la cadena perpetua 13 días antes de la audiencia de sentencia. Esta aceptación busca evitar que el acusado sea enviado a una prisión de máxima seguridad y que se le garantice su estado de salud. Los abogados subrayaron que el acusado no solicita una pena inferior a la prevista por la ley ni ha prestado «asistencia sustancial» a las autoridades estadounidenses, renunciando a buscar reducciones de condena.
Zambada, quien aceptó cargos en agosto de 2025, llegó a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo», quien lo trasladó en una aeronave privada hasta un aeropuerto cercano a El Paso, Texas. Según el relato de la defensa y lo admitido por Guzmán López, este último lo engañó y lo llevó por la fuerza para entregarlo a las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia de EE. UU. gestiona la restitución a través del Programa de Compensación a Víctimas
¿Es posible la reparación para las víctimas?
Aunque existe la posibilidad de destinar bienes confiscados a las víctimas del narcotráfico, el proceso es complejo. Montero Bagatella advierte sobre la dificultad de definir quién constituye una víctima en un sistema de violencia tan amplio, que abarca desde personas obligadas a trabajar en la producción y distribución de drogas hasta consumidores y civiles asesinados en enfrentamientos.
Por su parte, el Departamento de Justicia de EE. UU. cuenta con un Programa de Compensación a Víctimas. Según Gary J. Hale, el acceso a estos fondos requiere que la víctima presente una solicitud de restitución para respaldar la petición. En última instancia, como señala el profesor Montero, la decisión de destinar esos fondos a la reparación de las víctimas depende exclusivamente de las autoridades estadounidenses.
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