El Banco Central de Brasil vive un clima de desconfianza entre sus servidores tras la apertura de una investigación interna, ordenada por su presidente Gabriel Galípolo, para determinar posibles fallas en el proceso de supervisión y fiscalización del Banco Master.
Según relatos de funcionarios del BC, que solicitaron anonimato, la información sobre el tema está restringida a un grupo selecto de empleados, lo que genera interrogantes e incertidumbre sobre la conducta de los involucrados. La principal preocupación expresada es que el Banco Central y su equipo técnico puedan ser señalados como chivos expiatorios en medio de las acusaciones cruzadas que rodean el caso.
La institución reguladora es conocida por su fuerte corporativismo, y la formación de la comisión investigadora resultó difícil, según fuentes consultadas por la prensa.
Con el avance de la investigación, el jefe del departamento de Supervisión Bancaria, Belline Santana, y su adjunto, Paulo Souza, presentaron su renuncia a sus cargos de confianza. Esta salida fue oficializada el jueves 29 en el Diario Oficial de la Unión (DOU).
Un servidor de la autoridad monetaria manifestó no tener claridad sobre si sus colegas renunciaron para permitir una investigación más imparcial por parte de la corregiduría del BC, o si fueron obligados a dejar sus puestos debido a la identificación de alguna irregularidad por parte de la sindicancia.
El riesgo de resistencia del departamento de Recursos Humanos del BC a la apertura de la investigación fue considerado por Galípolo al solicitar la investigación interna tras la liquidación del Banco Master.
Sin embargo, hasta el momento no existe un apoyo o rechazo generalizado al escrutinio ordenado por el presidente del organismo. Dentro del personal, muchos se muestran desconfiados e intentan comprender lo ocurrido en el escándalo del Banco Master y sus consecuencias.
Algunos servidores cuestionan si la renuncia de los jefes del departamento de Supervisión Bancaria tuvo como objetivo preservar la investigación, dado que el actual director de Fiscalización del BC, Ailton de Aquino, no se ha apartado de su cargo.
Otro interlocutor relató un sentimiento de inseguridad, especialmente en los departamentos directamente involucrados en el caso Master. En su opinión, el secretismo en torno a los motivos de la investigación sugiere que el objetivo final de la sindicancia es identificar culpables, y la falta de protección legal perjudica el trabajo de la autarquía.
Entre los líderes del sector bancario, la decisión del presidente del BC se interpretó como un interés primordial en identificar lo sucedido para evitar dudas sobre la gestión técnica del caso. También se considera que Galípolo no habría autorizado esta sindicancia si no estuviera seguro de que arrojaría resultados positivos para el BC, incluyendo oportunidades de aprendizaje.
Hasta el momento, no existen acusaciones formales contra los dos servidores suspendidos del BC. Según una fuente cercana a los procedimientos, el análisis no se trata de una cacería de brujas. El plan es utilizar el caso Master como un análisis exhaustivo para mejorar los procedimientos y la conducta en caso de que ocurran eventos similares en el futuro.
El proceso se lleva a cabo bajo secreto por la corregiduría del BC. Aún no hay un plazo definido para la finalización de la investigación. Se esperaba que un primer informe estuviera listo a finales de febrero, pero el área tiene total autonomía en el caso, y el análisis podría prolongarse en caso de nuevos desarrollos o investigaciones adicionales.
En una nota, la ANBCB (Asociación Nacional de Auditores del Banco Central), que representa a una parte de los servidores, expresó su seguimiento atento a las investigaciones en curso relacionadas con el caso Master y su confianza en el trabajo “técnico, colegiado y responsable” del BC.
Según la entidad, los servidores actúan basándose en procesos “formales, documentados y colegiados”, especialmente en áreas sensibles como la fiscalización, la supervisión y la resolución de instituciones financieras.
“Estos procedimientos incluyen mecanismos permanentes de control interno, trazabilidad de las decisiones, auditoría y rendición de cuentas, que respaldan la corrección técnica de las decisiones y permiten su continuo perfeccionamiento institucional”, afirmó.
“Las evaluaciones concluyentes y las posibles responsabilidades deberán determinarse en los foros competentes, basándose en hechos comprobados, pruebas documentadas y pleno respeto al debido proceso institucional”, añadió.
