Controversia en Nueva Zelanda por cambios de último minuto en las leyes de educación en el hogar
El gobierno de Nueva Zelanda se encuentra en medio de una fuerte polémica tras anunciar propuestas de cambios de último momento en la legislación educativa. La ministra de Educación, Erica Stanford, presentó enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Educación y Formación (Education and Training (System Reform) Amendment Bill) una vez que este ya había superado su segunda lectura en el Parlamento.
Las modificaciones propuestas buscan establecer requisitos más estrictos para la educación en el hogar, incluyendo condiciones regulatorias para mantener las exenciones de la matrícula escolar. Esta decisión ha sido recibida con críticas por parte del organismo nacional de educadores en el hogar, que ha calificado las medidas como «engañosas y antidemocráticas».
El impacto del caso Tom Phillips
La urgencia de estas reformas surge tras revelarse que el Ministerio de Educación había aprobado la solicitud de Tom Phillips para educar en el hogar a su familia. Phillips recibió el permiso completo para educar a sus tres hijos meses antes de su desaparición. Según se informó, los funcionarios del ministerio no realizaron visitas para evaluar si era un educador seguro y eficaz, basándose únicamente en las garantías por escrito proporcionadas por Phillips.
Ante la situación, Sela Finau, gerente general de éxito de los estudiantes y política Tiriti en el Ministerio de Educación, aclaró que el proceso para aprobar los certificados de exención de la escolaridad regular «sigue siendo el mismo». Actualmente, en Nueva Zelanda, estos certificados se obtienen mediante una solicitud en línea y suelen ser válidos hasta que los menores cumplen 16 años.
Tensiones políticas y el futuro del Consejo de Enseñanza
Más allá de la educación en el hogar, las reformas de la ministra Stanford han generado un intenso conflicto institucional. El Partido Verde ha señalado que los cambios propuestos por el partido Nacional socavan la autoridad del Consejo de Enseñanza (Teaching Council).
Diversos reportes indican que la decisión de introducir estas reformas en una etapa avanzada del proceso legislativo ha intensificado la lucha por el control de las políticas educativas y la autonomía del Consejo, marcando un nuevo capítulo en la disputa por la reforma del sistema de enseñanza en el país.
