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Una legislación reciente no incluye a funcionarios federales en su alcance. Sin embargo, un precedente legal para demandas similares fue establecido por una decisión de la Corte Suprema de 1971.
Expertos legales han señalado que, a pesar de la exclusión explícita en la nueva ley, la jurisprudencia existente abre la posibilidad de acciones legales contra el gobierno federal en casos análogos. Esta situación podría generar incertidumbre jurídica y potenciales litigios en el futuro.
