El Departamento de Justicia de los Estados Unidos exigió este viernes a los funcionarios electorales de California que aparten y verifiquen en un plazo de 48 horas las papeletas de personas registradas que las autoridades federales consideran sospechosas de no tener la ciudadanía estadounidense, en vísperas de las elecciones de mitad de mandato.
La medida representa una escalada significativa en el pulso legal que enfrenta a la administración del presidente Donald Trump con el estado, en medio de sus esfuerzos por revisar los padrones electorales ante los comicios venideros.
Exigencias de 48 horas y la advertencia de consecuencias legales para los condados
Al menos 18 condados californianos recibieron los requerimientos federales, los cuales otorgan un plazo estrictamente contado de dos días para entregar datos identificatorios sobre los ciudadanos señalados. El gobierno solicita que las oficinas locales remitan números de Seguro Social, registros de identificación, copias de las solicitudes de inscripción y otros antecedentes. El propósito es revisar con rapidez a cada individuo señalado, como ocurre en el condado interior de San Bernardino, donde el listado gubernamental incluye a 1.133 personas.
Los funcionarios locales recibieron instrucciones precisas de separar las papeletas de voto por correo de aquellos votantes cuya elegibilidad no pueda confirmarse de inmediato, bajo la premisa de segregarlas pero no cancelarlas mientras avanzan las pesquisas. Sin embargo, las advertencias del Departamento de Justicia vinieron acompañadas de una presión punitiva directa sobre los administradores electorales.
Cualquier funcionario electoral que procese a sabiendas la papeleta de un no ciudadano se está exponiendo a problemas legales.
Bill Essayli, First Assistant U.S. Attorney, via CBS News and Daily Mail
Los fiscales agregaron que los condados que decidan no cooperar se exponen a un escrutinio federal significativo. La fiscalía federal sostiene que el objetivo no es partidista, sino garantizar la integridad del proceso. We don’t care who you vote for
, aseguró Craig Missakian, fiscal federal para el Distrito Norte de California, quien añadió que la prioridad es asegurar la igualdad de condiciones para todos los estadounidenses.
La respuesta del estado y la disputa sobre la fiabilidad de los datos
Las autoridades electorales californianas rechazaron de plano las imposiciones de Washington. El secretario de Estado y el registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, recriminaron al Ejecutivo por adoptar una postura de intimidación en un momento de máxima sensibilidad institucional. Desde el condado de Contra Costa, la secretaria y archivista Katrina Bartolomie señaló que los votantes señalados en los listados ni siquiera corresponden a su jurisdicción, sino a otros condados.
En los tribunales, los abogados estatales han advertido que los requerimientos de la administración Trump amenazan con retrasar la certificación de los resultados y propiciar la deslegitimación de los comicios de noviembre. Asimismo, sostienen que los datos manejados por el gobierno central resultan poco fiables y corren el riesgo de disenfranchiser, es decir, privar indebidamente del derecho al voto a ciudadanos legítimos.
La votación ya se encuentra en marcha en el estado, donde el padrón supera los 23 millones de electores registrados y más de 330,000 papeletas enviadas por correo ya han sido procesadas y contabilizadas, según los informes presentados por el estado ante los tribunales.
Reacciones políticas y el trasfondo de los litigios federales
La ofensiva en California se produce tras una serie de acciones judiciales impulsadas por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, encabezada por Harmeet Dhillon, que ha presentado 31 demandas para forzar a los estados a entregar sus listas de votantes sin censurar con el fin de cotejarlas con bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional. A comienzos de la semana, las autoridades federales detuvieron y formularon cargos contra 28 personas de un listado previo de 20,000 sospechosos, acusándolas de registrarse de forma ilegal e incluso de haber emitido sufragios y mentir en trámites de naturalización.
Mientras la Casa Blanca acumula derrotas judiciales en este bloque de demandas a nivel nacional, los demócratas han denunciado un intento deliberado de interferencia electoral. El senador federal por California Alex Padilla expresó su repudio ante la maniobra del Ejecutivo.
This is NOT A DRILL: Donald Trump and Todd Blanche are trying to interfere in California elections.
Sen. Alex Padilla, D-Alaska / California, via CBS News
Trump's DOJ has not provided any evidence for their claims of massive voter fraud
, añadió Padilla en su declaración pública del viernes, recalcando que el propio gobierno ha reconocido que los datos que esgrimen carecen de precisión y confiabilidad.
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