WASHINGTON – El gobierno de Estados Unidos entró en un cierre parcial este sábado al expirar la medianoche del plazo para aprobar un presupuesto para 2026, aunque se espera que las interrupciones sean limitadas, ya que la Cámara de Representantes se prepara para ratificar un acuerdo respaldado por el Senado a principios de la próxima semana.
El incumplimiento del plazo de financiación se produjo tras un estancamiento en las negociaciones, impulsado por la indignación de los demócratas por la muerte de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes federales de inmigración, lo que frustró las conversaciones sobre nuevos fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“En lugar de perseguir a traficantes de drogas, depredadores de niños y traficantes de personas, la Administración Trump está desperdiciando valiosos recursos apuntando a manifestantes pacíficos en Chicago y Minneapolis”, declaró en redes sociales Dick Durbin, líder minoritario demócrata en el Senado.
“Esta Administración continúa poniendo en peligro a los estadounidenses.”
Aproximadamente tres cuartas partes de las operaciones federales se ven afectadas, lo que podría desencadenar procedimientos de cierre en una amplia gama de agencias y operaciones, desde educación y salud hasta vivienda y defensa.
Se esperaba que los departamentos federales comenzaran a implementar planes de cierre durante la noche, pero los líderes del Congreso de ambos partidos afirmaron que la acción del Senado hace que una interrupción breve sea más probable que un estancamiento prolongado.
Si la Cámara de Representantes aprueba el paquete como se espera a principios de la próxima semana, la financiación se restablecerá en cuestión de días, limitando el impacto práctico del cierre en los servicios gubernamentales, los contratistas y los trabajadores federales.
Sin embargo, si el cierre se prolongara más de unos pocos días, decenas de miles de empleados federales podrían arriesgarse a ser suspendidos sin sueldo o a trabajar sin recibir su paga hasta que se restablezca la financiación.
El viernes por la noche, el Senado aprobó un paquete que despeja cinco proyectos de financiación pendientes para cubrir la mayoría de las agencias federales hasta septiembre, junto con una medida provisional de dos semanas para mantener en funcionamiento el DHS mientras los legisladores continúan las negociaciones sobre la política de control de la inmigración.
La Cámara de Representantes estaba en receso cuando expiró el plazo y no tiene previsto regresar hasta el lunes.
El presidente Donald Trump respaldó el acuerdo del Senado e instó a una rápida acción de la Cámara de Representantes, señalando que quería evitar un cierre prolongado, el segundo de su segundo mandato, después de una paralización récord el otoño pasado que interrumpió los servicios federales durante más de un mes.
Reacción política
El avance en el Senado se produjo solo después de que el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur levantara un bloqueo procesal que había estancado el paquete el jueves por la noche.
Graham había objetado las disposiciones de la medida provisional del DHS y el lenguaje aprobado por la Cámara de Representantes que derogaba una medida anterior que permitía a los senadores demandar al Departamento de Justicia si sus registros telefónicos eran incautados durante investigaciones pasadas.
Graham accedió a levantar su objeción después de que los líderes del Senado se comprometieran a celebrar futuras votaciones sobre la legislación que está patrocinando para combatir las llamadas “ciudades santuario” que se niegan a cooperar con las operaciones federales de deportación.
Mientras tanto, los demócratas se han mantenido unidos en su oposición a la financiación del DHS sin cambios en el control de la inmigración tras los tiroteos fatales de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis.
Sus muertes intensificaron el escrutinio de la conducta de los agentes federales y endurecieron la oposición a la aprobación de fondos para las agencias de inmigración sin nuevas garantías.
Los líderes del partido han acusado a las autoridades de inmigración de operar con una supervisión insuficiente y han exigido reformas que incluyan requisitos de orden judicial más estrictos, límites a ciertas tácticas de aplicación de la ley y una mayor rendición de cuentas de los agentes en el campo.
Gran parte de los medios de comunicación estadounidenses interpretaron la disposición de la Casa Blanca a separar la financiación del DHS del paquete presupuestario más amplio como un reconocimiento de que la administración necesitaba recalibrar su estrategia de deportación tras la reacción política a las muertes en Minneapolis.
Los republicanos están divididos sobre este enfoque.
Si bien algunos legisladores han reconocido la necesidad de cambios tras los tiroteos, los conservadores han advertido contra las concesiones que, según afirman, podrían debilitar el control de la inmigración.
Varios han señalado que presionarán sus propias prioridades durante las próximas negociaciones del DHS, incluidas las medidas dirigidas a los estados y las ciudades que limitan la cooperación con las autoridades federales.
Aunque el Congreso ya ha aprobado seis de las 12 partidas presupuestarias anuales, esas medidas representan solo una minoría del gasto discrecional. Las facturas restantes financian grandes sectores del gobierno federal, lo que hace que el cierre sea significativo si finalmente se prolonga.
La Oficina de Gestión y Presupuesto emitió el viernes por la noche un memorando en el que ordenaba a las agencias que se prepararan para un “cierre ordenado”, afirmando:
“Esperamos que esta interrupción sea breve”.
