El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la conmutación de las 548 sentencias de muerte vigentes en el estado, transformándolas en penas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La medida afecta a 529 hombres y 19 mujeres que integran el corredor de la muerte, el más grande de la nación, y se suma a la moratoria sobre ejecuciones que el mandatario impuso al inicio de su mandato en 2019.
A pesar de la decisión, la pena capital sigue vigente en la legislación californiana. La medida no prohíbe que los fiscales, jurados y tribunales soliciten o impongan este castigo en causas futuras, lo que ha generado una respuesta inmediata por parte de las autoridades judiciales locales.
La oposición de los fiscales
Varios fiscales estatales han manifestado su rechazo a la iniciativa de Newsom, calificándola como un abuso de poder y una falta de respeto hacia las víctimas. Michael A. Hestrin, fiscal de distrito del condado de Riverside —jurisdicción que actualmente mantiene 20 casos activos donde se solicita la pena capital—, afirmó que continuará buscando esta sentencia cuando lo considere apropiado.
En una línea similar, el fiscal de distrito del condado de San Joaquin, Ron Freitas, señaló que su obligación es actuar conforme a la voluntad de sus electores, quienes en votaciones previas —como las de 2012 y 2016— han rechazado derogar la pena de muerte. Freitas mantiene actualmente dos casos abiertos por delitos graves, incluyendo un caso de asesinatos en serie y otro por un triple homicidio durante una invasión domiciliaria.
Según datos de los tribunales, existen al menos 70 otros casos de pena de muerte en curso en California. Los fiscales advierten que, mientras la ley estatal contemple este castigo, el corredor de la muerte podría repoblarse gradualmente.
Desafíos legales y el papel de la Corte Suprema
La implementación de la orden de Newsom enfrenta un obstáculo constitucional. Debido a que gran parte de los reclusos cuentan con más de una condena por delito grave, la Constitución de California exige la aprobación de la Corte Suprema estatal para conceder la clemencia. Según cifras de la oficina del gobernador, 382 de las 548 conmutaciones, aproximadamente el 70%, requieren este aval judicial.
El proceso de revisión podría extenderse significativamente. Si para el próximo mes de enero, cuando Newsom deje el cargo tras cumplir dos periodos, la Corte Suprema no ha ratificado las conmutaciones, existe la posibilidad de que estas expiren y las sentencias originales se mantengan en vigor.
Contexto de la decisión
Newsom, quien ha expresado su postura contra las ejecuciones sancionadas por el Estado durante gran parte de su carrera, argumentó en una carta abierta que la pena de muerte es "incompatible con los valores de California". Aunque reconoció el sufrimiento causado por los criminales, el gobernador sostuvo que el sistema legal es imperfecto y no puede ejecutar a personas manteniendo al mismo tiempo la dignidad humana.
La decisión ha sido celebrada por organizaciones como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), cuyo director ejecutivo, Anthony Romero, calificó la medida como el fin de un castigo "racista, propenso a errores e inhumano". Por otro lado, fiscales como Jonathan Hatami, quien llevó el caso de Isauro Aguirre —condenado por el asesinato del menor Gabriel Fernández—, criticaron que la decisión se tomara sin consultar a las familias de las víctimas, privándoles de la justicia que esperaron durante décadas.
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