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Francisco Olea y María Andrade, de 81 y 74 años, consiguieron aplazar hasta el 29 de octubre su desahucio en Badalona. La pareja perdió la estabilidad de su vivienda tras avalar con todas sus propiedades un préstamo hipotecario que su hijo contrajo en 2012 y dejó de pagar.
Dos jubilados de Badalona han ganado un mes de margen para evitar la pérdida de su hogar después de más de cinco décadas de residencia en el mismo inmueble.
La medida cautelar de suspensión se logró gracias a la movilización de familiares, vecinos y militantes del Sindicat d’Habitatge de Badalona, sumada a la mediación del Ayuntamiento. Alrededor de medio centenar de personas se concentraron ante el edificio, donde también hicieron acto de presencia dos vehículos de los Mossos d’Esquadra y los concejales municipales Daniel Aguilera y Juan Manuel Ruiz para participar en las gestiones con la entidad bancaria.
Un aval hipotecario de 2012 que comprometió el piso de Artigues
El origen de la situación actual se remonta a quince años atrás. El matrimonio había terminado de abonar su propia hipoteca cuatro décadas antes y no arrastraba cargas pendientes sobre su vivienda. Sin embargo, decidieron respaldar a su hijo como avalistas en la contratación de un nuevo crédito hipotecario, comprometiendo todas sus propiedades como garantía.
Cuando el titular dejó de abonar las cuotas en 2012, el procedimiento judicial y financiero acabó alcanzando el patrimonio de sus padres. Según el testimonio de la familia, los afectados no dimensionaron la gravedad de la orden de lanzamiento hasta el lunes previo a la fecha prevista, cuando comprobaron que el desalojo se ejecutaría de forma inminente al día siguiente.
Intentar hacer un bien e intentar protegernos nos ha acabado haciendo daño.
Francisco Olea
Búsqueda contrarreloj de una alternativa habitacional en Badalona
El escaso margen de tiempo impidió que el matrimonio pudiera tramitar con antelación los recursos de asistencia pública destinados a situaciones de emergencia social. Ante este escenario, la intervención del sindicato de vivienda y del consistorio municipal propició que el banco aceptara posponer el lanzamiento hasta el próximo 29 de octubre.
El Ayuntamiento convocó a la pareja para evaluar las opciones de alojamiento disponibles en la zona. El objetivo principal consiste en localizar un alquiler asequible que les permita permanecer en su entorno habitual tras más de cincuenta años instalados en el barrio. No obstante, la economía doméstica presenta limitaciones claras: Francisco percibe una pensión mensual de 1.800 euros, mientras que María carece de ingresos propios.
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