Un hombre de 36 años, tras solo tres semanas de convivencia en la casa de su pareja en San Diego, solicitó recibir el 50 por ciento de la propiedad del inmueble, argumentando que su aporte mensual de 1400 dólares hacia el alquiler y el pago de la hipoteca le daba derecho a una participación en el patrimonio compartido.
La mujer, de 34 años, había adquirido la vivienda cinco años antes con sus propios recursos. Tras dos años de relación, permitió que su pareja se mudara bajo el acuerdo de que él contribuiría con 1400 dólares mensuales para cubrir gastos comunes, una cantidad considerablemente inferior al alquiler promedio de 2900 dólares en la zona.
Sin embargo, tras apenas tres semanas de convivencia, el hombre cambió su postura y exigió ser incluido como copropietario, alegando que sus pagos contribuían a construir un futuro conjunto y que, por justicia, la mitad de la casa debería estar a su nombre.
Ante el rotundo rechazo de la mujer, el hombre recurrió a presiones emocionales, acusándola de tratarlo como un simple inquilino y no como un compañero de vida. El conflicto puso en evidencia las limitaciones del marco legal californiano para parejas no casadas, que no otorga derechos automáticos sobre los bienes del otro salvo mediante acuerdo escrito previo.
Según fuentes cercanas al caso, mientras los amigos del hombre creen que ella se está beneficiando económicamente de la relación, ella sostiene que él busca aprovecharse de su patrimonio adquirido sin asumir riesgos financieros.
La situación escaló hasta el punto de que el hombre amenazó con mudarse si no se le incluía en el título de propiedad o si no se le garantizaba por escrito la devolución de sus pagos en caso de ruptura.
