Un reciente informe del Departamento de Finanzas de Irlanda ha revelado la marcada desigualdad en la base impositiva del país. El estudio pone de manifiesto que el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos genera el 40% de los ingresos por impuesto sobre la renta y el 60% de las contribuciones al USC (cargos sociales universales).
En contraste, los contribuyentes que se encuentran en el 50% inferior de la distribución de ingresos representan solo el 10% de los ingresos por impuesto sobre la renta y el 5% de las contribuciones al USC. Aún más significativo es que aproximadamente un tercio de todos los contribuyentes –equivalente a 1,2 millones de unidades fiscales (que pueden ser un individuo o una pareja)– quedan efectivamente exentos del impuesto sobre la renta gracias al generoso sistema de créditos fiscales del Estado.
“Dado que el impuesto sobre la renta es la mayor fuente de ingresos fiscales del Estado, la fuerte dependencia de un número reducido de contribuyentes deja las finanzas públicas vulnerables a cualquier cambio en el ciclo económico”, señala el informe.
Este riesgo de concentración se asemeja al que existe en la base impositiva de las sociedades, donde solo 10 empresas son responsables del 60% de los ingresos totales. Esto se debe a que muchos de los contribuyentes con mayores ingresos trabajan para las grandes multinacionales estadounidenses, que a su vez pagan la mayor parte del impuesto sobre las sociedades.
“Estas mismas multinacionales son, probablemente, las que se verán afectadas de manera desproporcionada por cualquier deterioro adicional en el entorno comercial mundial”, advierte el informe. “Por lo tanto, en caso de una crisis en uno o más de estos sectores, el efecto contagio de estas interconexiones podría provocar un deterioro acumulativo tanto en el impuesto sobre las sociedades como en el impuesto sobre la renta”.
La estrechez de la base impositiva irlandesa ha sido destacada durante varios años, incluyendo en un informe de alto nivel de la Comisión sobre Impuestos y Bienestar. Los informes se acumulan en el departamento, pero ha habido poca o ninguna acción para abordar el problema. Esta inercia es, sin duda, producto de la actual bonanza fiscal que ha permitido al Gobierno evitar tomar decisiones difíciles.
