Dos meses después de que David Paul Daniel participara en la toma del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, el hombre de Carolina del Norte se reunió con investigadores policiales en Mint Hill, un suburbio de Charlotte, para responder preguntas sobre acusaciones de agresión sexual y la toma de fotografías explícitas de una menor durante un período de cuatro años.
Daniel negó haber tenido una conducta inapropiada, pero la policía confiscó su teléfono celular como evidencia. Con una orden de allanamiento firmada por un juez de Carolina del Norte, las autoridades entregaron el dispositivo a la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Charlotte para su revisión.
Sin embargo, la revisión del contenido del teléfono no se llevó a cabo hasta después de que agentes del FBI y policías de Mint Hill arrestaran a Daniel en su domicilio en noviembre de 2023, por cargos relacionados con el asalto al Capitolio.
Mientras tanto, una segunda víctima menor acusó a Daniel de violación, a unas 130 kilómetros al norte, en el área de Winston-Salem, lo que llevó a la Oficina del Sheriff del Condado de Forsyth a abrir su propia investigación. Actualmente, Daniel enfrenta cargos federales relacionados con la producción, posesión y recepción de pornografía infantil y explotación sexual de menores.
Raw Story informa por primera vez sobre el papel de HSI en el retraso de la investigación estatal.
‘Las pruebas son contundentes’
Daniel es uno de aproximadamente media docena de individuos involucrados en el ataque del 6 de enero y perdonados por el presidente Donald Trump que han enfrentado cargos por delitos sexuales, incluyendo explotación infantil y violación.
- John Emanuel Banuelos, quien disparó un arma al aire durante el ataque al Capitolio, fue arrestado en Chicago en octubre de 2025, en virtud de una orden de arresto del condado de Salt Lake, Utah, por cargos de secuestro agravado y agresión sexual agravada. Los cargos surgieron cuando las autoridades obtuvieron resultados de pruebas de ADN que vinculaban a Banuelos con una agresión sexual de 2018, en la que presuntamente invitó a una mujer a su casa, la golpeó en la cabeza y le quitó la ropa a la fuerza, según CBS News.
- Andrew Paul Johnson, quien se declaró culpable de entrada violenta y conducta desordenada dentro del Capitolio, fue acusado en Florida de abusar de una niña de tan solo 11 años y, presuntamente, intentó comprar el silencio de su víctima prometiéndole una parte de las reparaciones que afirmaba se le debían por su procesamiento por el 6 de enero, según The Intercept. Trump dijo el pasado mes de marzo que se había hablado de compensar a los acusados del 6 de enero, pero nada ha llegado a buen término.
- Dillon Herrington, un veterano del ejército, fue acusado de violación en primer grado en Alabama en 2023, poco después de declararse culpable de agredir a agentes federales tras lanzar un trozo de madera de 10×10 centímetros a los policías en el Capitolio. Condenado a 37 meses de prisión, Herrington fue puesto en libertad por Trump, pero actualmente se encuentra detenido sin fianza en la cárcel del condado de Limestone.
- Theodore Middendorf, quien se declaró culpable de destrucción de propiedad del gobierno por su papel en el ataque del 6 de enero, está cumpliendo una condena de 19 años en el Centro Correccional de Danville en Illinois por agresión sexual criminal depredadora a una víctima menor de 13 años, según el sitio web del Departamento de Correcciones de Illinois.
Otros participantes del 6 de enero han cumplido condenas por delitos sexuales contra menores.
- Andrew Taake estaba cumpliendo una condena en una prisión federal en Colorado por atacar a la policía con gas pimienta y un látigo de metal en el Capitolio, cuando recibió un indulto del presidente Trump. Los fiscales del condado de Harris, Texas, estaban en ese momento buscando a Taake por un cargo de 2016 por solicitar a un menor en línea, pero los funcionarios federales se negaron a detenerlo. Taake se declaró culpable en septiembre y recibió una sentencia de tres años. La sentencia fue suspendida en reconocimiento de que ya había cumplido al menos ese tiempo por sus delitos del 6 de enero, según el Houston Chronicle.
- Andrew Kyle Grigsby, quien fue acusado de usar gas pimienta contra agentes en el Capitolio, estaba cumpliendo condena en una prisión de Kentucky por posesión de material de abuso sexual infantil cuando recibió su indulto del presidente Trump.
- Sean McHugh, un hombre de California que usó un megáfono para acusar a los agentes en el Capitolio de “proteger a los pedófilos” el 6 de enero, había cumplido condena por violación de una niña de 14 años.
Daniel es único en argumentar que solo fue acusado de delitos sexuales como resultado de la masiva investigación del FBI sobre el 6 de enero.
Los fiscales no están de acuerdo. Daniel se ha declarado no culpable, pero un juez federal de primera instancia ordenó su detención el pasado septiembre, afirmando que “la previsión de pruebas del gobierno es contundente y sugiere que el acusado participó en actos sexuales con dos niñas de su propia familia”.
El juez señaló que la ex esposa de Daniel “compareció ante el tribunal para solicitar que el acusado no fuera puesto en libertad”.
‘Una diferencia significativa’
En otros casos, el Departamento de Justicia de Trump ha desestimado cargos separados que surgieron como resultado de la investigación del 6 de enero. Estos incluyen:
- Jeremy Brown, un hombre de Florida cumpliendo una condena de siete años por posesión de granadas, un rifle de estilo AR-15 modificado, una escopeta recortada y materiales clasificados en su casa.
- Daniel Ball, también de Florida, acusado de posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto.
- Elias Costianes Jr., de Maryland, entonces cumpliendo condena por posesión de un arma de fuego por un usuario ilegal o adicto a una sustancia controlada.
En el caso de Daniel, su abogado designado por el tribunal argumentó en una presentación judicial en octubre que “la diferencia significativa” entre esos casos y el de su cliente es que el de Daniel “involucra el cargo políticamente desagradable de explotación infantil”.
“Políticamente, y razonablemente, el indulto no puede considerarse que abarque la explotación infantil”, afirma la presentación.
Mientras Daniel busca una audiencia probatoria sobre una moción para desestimar, el Departamento de Justicia continúa publicando millones de documentos del caso contra el difunto financiero y condenado traficante de menores Jeffrey Epstein, en respuesta a un acto del Congreso.
El presidente Trump ha tenido dificultades para superar el escrutinio público persistente sobre su amistad con Epstein, aunque no hay evidencia de que el presidente haya estado involucrado en los crímenes de Epstein.
En una nota al pie de la presentación de Daniel del 27 de octubre, su abogado afirma que su cliente “está informado y cree” que la decisión del gobierno de seguir adelante con el enjuiciamiento “es institucional, que ocurre a un nivel elevado dentro del Departamento de Justicia”.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.
Un portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Carolina del Norte le dijo a Raw Story que la oficina “no discute las decisiones de acusación”, agregando que tales decisiones “son tomadas por el Fiscal de los Estados Unidos, a menudo en consulta con otros en el Departamento de Justicia”.
Russ Ferguson, un ex abogado de defensa penal de cuello blanco y litigios comerciales, ha dirigido la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Carolina del Norte desde su nombramiento el pasado mes de marzo. Prestó juramento el 24 de diciembre, tras la confirmación del Senado.
El abogado de Daniel argumenta en la presentación del 27 de octubre que “nunca habría habido un enjuiciamiento federal del Sr. Daniel por cargos de explotación infantil a menos que la investigación del 6 de enero, que fue indultada, hubiera impulsado al gobierno a obtener la orden de allanamiento del 6 de enero y registrar el domicilio del Sr. Daniel”.
Durante el registro, los agentes del FBI confiscaron dispositivos y, tras obtener una orden para registrar los dispositivos, descubrieron imágenes utilizadas como evidencia para respaldar los cargos de explotación infantil.
La presentación de Daniel continúa diciendo que “el gobierno no estaba al tanto de la investigación estatal abandonada hasta que comenzó a perseguir la orden de allanamiento del 6 de enero”.
Pero una declaración jurada en apoyo de la orden de arresto de Chase Bannister, un agente especial de la Oficina de Campo de Charlotte del FBI, contradice la afirmación de que la policía de Mint Hill abandonó su investigación.
En cambio, la investigación de Mint Hill parece haberse estancado mientras un iPhone confiscado permaneció en la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Charlotte desde marzo de 2021 hasta diciembre de 2023 sin que nadie revisara su contenido.
“Durante la coordinación operativa previa al arresto y registro de Daniel y su residencia, los investigadores fueron informados de que MHPD tenía una investigación abierta con respecto a la acusación de agresión sexual a un menor por parte de Daniel”, decía la declaración jurada del FBI.
La víctima le dijo a los investigadores de la policía de Mint Hill que desde 2015 hasta 2019, Daniel “la agredió sexualmente en múltiples ocasiones”, le tomó fotografías desnudas y “la obligó a practicarle sexo oral”, según la declaración jurada.
Las llamadas al Departamento de Policía de Mint Hill para esta historia no fueron respondidas.
Una segunda niña
Mientras los investigadores de la policía de Mint Hill esperaban a que Investigaciones de Seguridad Nacional revisara el teléfono, la madre de una segunda niña denunció a la Oficina del Sheriff del Condado de Forsyth que Daniel “había estado involucrado sexualmente” con la niña en el verano de 2022.
Cuando fue entrevistada en mayo de 2023, la segunda niña le dijo a los investigadores “que Daniel había cometido actos sexuales con ella en múltiples ocasiones”, según la declaración jurada.
“HSI no pudo acceder al teléfono celular hasta el 13 de diciembre de 2023”, afirma la declaración jurada.
Esto demuestra que las autoridades no revisaron el teléfono hasta casi dos semanas después de que los agentes del FBI ejecutaran una orden de arresto en el domicilio de Daniel y lo detuvieran por cargos del 6 de enero.
No se pudo contactar a HSI Charlotte para obtener comentarios. Los correos electrónicos al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no recibieron respuesta.
Krista Karcher, la gerente de relaciones públicas de la Oficina del Sheriff del Condado de Forsyth, se negó a poner al Sheriff Bobby Kimbrough a disposición para comentar esta historia.
La declaración jurada del FBI no revela si la revisión del teléfono confiscado en 2021 arrojó evidencia de material de abuso sexual infantil.
Pero una revisión del teléfono confiscado en el domicilio de Daniel en el momento de su arresto en noviembre de 2023 por cargos del 6 de enero incluye fotos de la segunda presunta víctima que la muestran gráficamente posada con la parte inferior de su cuerpo expuesta, según el FBI.
