Un juez federal desestimó el lunes los cargos criminales contra dos exfuncionarios del FBI acusados de mentir al Congreso sobre la investigación del ordenador portátil de Hunter Biden, calificando el proceso judicial de injerencia y falta de pruebas de causa probable.
El magistrado federal Zia Faruqui dictó una resolución desde el estrado en Washington D.C., poniendo fin al caso penal contra Nikki Floris, exjefa del Grupo de Tarea de Influencia Extranjera del FBI, y Bradley Benavides, exjefe de sección de la misma unidad. Los fiscales los habían acusado de ocultar deliberadamente su conocimiento sobre las pesquisas en torno al dispositivo electrónico que Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, dejó en un taller de reparación en Delaware en 2019.
La decisión del juez Faruqui y los errores de la fiscalía
Durante una audiencia que se prolongó por espacio de una hora, Faruqui expuso que la acusación carecía de elementos fundamentales para sostener el proceso. El magistrado señaló que las imputaciones se presentaron de manera precipitada y atribuyó algunos testimonios objetados a meros errores de memoria u omisiones que no constituían falsedades intencionales. El juez Faruqui criticó duramente el proceder de las autoridades federales.
Lo que ha transcurrido aquí no puede describirse de otra manera que como una instrumentalización. No voy a enterrar la cabeza en la arena y fingir que no puedo leer un calendario.
Magistrado Zia Faruqui, Tribunal Federal del Distrito de Washington D.C.
El juez también cuestionó el uso de una querella criminal directa —un recurso reservado habitualmente para situaciones de apremiante seguridad pública o nacional— en lugar de someter el caso ante un gran jurado tradicional. En su argumentación, Faruqui comparó la debilidad del expediente actual con otros procesos anteriores por declaraciones falsas, como los casos de Michael Flynn y Lewis Scooter
Libby.
El origen del grupo de tarea sobre influencia extranjera y el ordenador
El litigio giraba en torno a las declaraciones que Floris y Benavides rindieron ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en julio y septiembre de 2023. Los legisladores republicanos investigaban si el FBI había intentado minimizar las denuncias de corrupción contra la familia Biden o restar importancia a los datos del ordenador portátil abandonado. La controversia se remontaba al funcionamiento del Grupo de Tarea de Influencia Extranjera.
Dicha unidad había evaluado en 2020 si la difusión del contenido del ordenador formaba parte de una operación de desinformación rusa destinada a socavar la campaña presidencial de Joe Biden. En agosto de ese mismo año, Floris y Benavides ofrecieron una sesión informativa a los senadores republicanos Chuck Grassley y Ron Johnson sobre dichos riesgos, un episodio que los fiscales utilizaron más tarde para intentar demostrar contradicciones con su posterior testimonio legislativo.
Las reacciones del Departamento de Justicia y la defensa
Tras la desestimación del caso, un portavoz del Departamento de Justicia expresó su desacuerdo con el fallo del magistrado a través de un comunicado oficial. El departamento afirmó que la decisión sugería erróneamente que los altos funcionarios gubernamentales gozan de inmunidad al rendir testimonio ante el Congreso.
Las acciones del Departamento seguirán guiándose por los hechos, la evidencia y la ley, no por la política.
Portavoz del Departamento de Justicia, vía Washington Examiner
Por su parte, los abogados defensores celebraron el fallo judicial y reiteraron que sus representados eran objeto de una persecución de carácter político. Los representantes legales de Bradley Benavides sostuvieron que las acusaciones constituían un montaje sin fundamento jurídico sólido.
Bradley Benavides es un patriota. Es un servidor público. Y es inocente.
Abogados defensores de Bradley Benavides, vía NBC News
A pesar de la desestimación de la querella actual, el procedimiento judicial contempla teóricamente la posibilidad de que los fiscales sometan las pruebas ante un gran jurado para buscar una acusación formal por la vía tradicional, aunque analistas legales consideran improbable que prospere tras el dictamen del juez Faruqui.
Lectura relacionada