La Justicia ha determinado que no existen pruebas documentales o elementos probatorios suficientes que acrediten la titularidad de activos en monedas virtuales por parte del investigado. Según el fallo judicial, la ausencia de esta vinculación directa invalida la premisa de que la venta de dichos activos digitales hubiera generado un incremento patrimonial o una ganancia sujeta a obligaciones fiscales o legales.
La falta de nexo entre el investigado y los activos digitales
De acuerdo con la resolución, el tribunal subraya que la acusación no pudo demostrar la propiedad efectiva de las criptomonedas. La Justicia señala que, ante la falta de registros que certifiquen la titularidad del imputado sobre las billeteras digitales o las cuentas en plataformas de intercambio, no es posible atribuirle los movimientos financieros derivados de la venta de estos activos. Este vacío probatorio impide establecer una relación causal entre el sujeto y los fondos en disputa.
Implicaciones legales de la decisión judicial
El dictamen judicial tiene consecuencias directas sobre la causa, ya que al desestimarse la titularidad de las monedas, se desploma la acusación sobre el origen de los ingresos derivados de su comercialización. El órgano judicial enfatiza que, bajo los estándares de prueba actuales, no se puede presumir la propiedad de activos intangibles sin evidencia técnica o documental que respalde la trazabilidad de las operaciones. En consecuencia, el tribunal ha resuelto que no existen elementos para sustentar las pretensiones que vinculaban al investigado con los beneficios económicos generados por la supuesta transacción de divisas virtuales.
