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Una nueva ley, aprobada sin consenso entre los partidos políticos, ha generado controversia debido a la inclusión de facultades para que los organismos reguladores de radiodifusión y telecomunicaciones impongan multas elevadas. Esta situación ha suscitado críticas que señalan la posibilidad de que la normativa se utilice para intimidar a los medios de comunicación.
El Parlamento aprobó la ley recientemente, y la preocupación radica en el amplio margen de actuación que otorga a las autoridades reguladoras en materia de sanciones económicas.
