El oficialismo en la Cámara de Diputados consiguió un dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, tras aceptar modificaciones solicitadas por bloques aliados y atender las objeciones planteadas por Estados Unidos de cara al debate en el recinto previsto para el 12 de noviembre de 2026.
La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional superó un escollo clave en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Con la conducción del diputado Carlos Raúl Zapata, el oficialismo reunió 60 firmas sobre 104 legisladores presentes para dejar el texto listo para su tratamiento en la Cámara baja, según los detalles brindados por las fuentes parlamentarias.
Las objeciones de Washington y el alcance de las sanciones a petroleras
El proyecto original, presentado por la administración de Javier Milei y promovido principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, contemplaba duras penalidades para el entramado corporativo que opera en el Atlántico Sur. Sin embargo, la intervención diplomática modificó el rumbo del articulado.
Creo que no tienen noción de la importancia estratégica para el país del proyecto al que le acaban de dar dictamen. Como siempre, enorme laburo de la Ministra de Leyes María Ibarzabal. Ver la agenda del Presidente realizada no solo es una enorme satisfacción personal sino que… https://t.co/o4gDJDGR9M
— https://x.com/slcaputo/status/2115195102390005898
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, manifestó la inquietud de la Casa Blanca ante la posibilidad de que las penalidades previstas afectaran no solo a las petroleras que operan en las islas, sino también a filiales, intermediarios financieros, bancos de Wall Street y accionistas minoritarios. Ante las advertencias y los cambios introducidos en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, el Ejecutivo ajustó el texto.
Mantuvimos el régimen de sanciones a quienes exploten nuestros recursos sin autorización extranjera, pero introduciendo garantías para quienes desconocieran el destino ilícito de sus servicios y a las participaciones accionarias minoritarias.
Damián Arabia, diputado libertario
De esta manera, el esquema punitivo se limitó a quienes participen directamente en actividades hidrocarburíferas ilegales, tales como operadores, licenciatarios, proveedores directos y accionistas principales. Quedaron eximidos los subsidiarios, los fondos de inversión con participaciones indirectas y los tenedores minoritarios con hasta un 2% del capital. En aquellos casos donde no se pueda determinar el monto de la infracción, la multa oscilará entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo.
Debate parlamentario y resistencia en torno a la injerencia extranjera
Aunque el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, la discusión sobre el capítulo penal vinculado a la injerencia extranjera generó profundas divisiones. Los bloques dialoguistas firmaron con disidencias y advirtieron que mantendrán sus objeciones hasta la llegada del proyecto al recinto.
El punto más resistido recae sobre los artículos que sancionan las acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública. Tras los reclamos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y de la Academia Nacional de Periodismo frente a la ambigüedad de conceptos como desinformación
, el Gobierno excluyó expresamente la actividad periodística, la investigación académica, el debate diplomático y la representación abierta de intereses.
No obstante, legisladores aliados y opositores señalaron que la redacción actual aún presenta problemas estructurales. Desde el bloque de Unión por la Patria, la diputada Agustina Propato cuestionó la creación del Consejo de Seguridad Nacional al considerar que este proyecto acuña un Consejo de Seguridad Nacional con claras facultades que colegian las de la Presidencia de la Nación
, advirtiendo además sobre los riesgos de afectar la política histórica sobre las islas.
Arquitectura de defensa y control bicameral en el plenario
El texto modificado también reconfiguró las estructuras de seguridad interior y defensa nacional contempladas en la normativa. Entre los cambios incorporados se habilitó la participación no permanente del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, los gobernadores y el Ministerio de Seguridad Interior ante situaciones críticas.
Asimismo, se dispuso la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso encargada de auditar las decisiones del nuevo Consejo de Seguridad Nacional. Por otra parte, las obligaciones sobre las infraestructuras críticas se acotaron al cumplimiento de los planes de seguridad establecidos con los reguladores y operadores privados, resguardando las competencias provinciales sobre los recursos.
Con el dictamen firmado, el oficialismo fijó de forma tentativa el próximo jueves 12 de noviembre para llevar la discusión al recinto de la Cámara de Diputados, donde deberá sumar los consensos necesarios para aprobar un articulado que continúa bajo estrecha negociación.
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