WASHINGTON (AP) — Días antes de la operación militar estadounidense que resultó en la remoción de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, abogados de la administración Trump dieron su visto bueno a la acción, afirmando que “no alcanzaría el nivel de una guerra en el sentido constitucional” y que serviría a “importantes intereses nacionales”, según un dictamen legal que articula una visión contundente del poder presidencial.
La versión redactada del dictamen de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, publicado esta semana, arroja nueva luz sobre cómo la administración concluyó que tenía permiso legal para destituir a Maduro como presidente de Venezuela en una sorprendente operación militar nocturna el 3 de enero.
El dictamen, fechado el 23 de diciembre, fue preparado para el asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El documento de 22 páginas fue redactado por abogados de la Oficina de Asesoría Legal, que históricamente se encarga de resolver cuestiones legales complejas para el poder ejecutivo.
En este caso, el dictamen analiza si el presidente Donald Trump podía ordenar al ejército que ayudara a las fuerzas del orden a remover a Maduro del poder para que pudiera enfrentar cargos criminales en Estados Unidos.
La respuesta, según el dictamen, fue afirmativa. Citó cinco razones separadas, incluyendo las “graves” acusaciones contra Maduro contenidas en una acusación de conspiración para el tráfico de drogas; las “numerosas otras actividades altamente peligrosas” en las que supuestamente estaban involucrados él y sus asociados; la posible necesidad de fuerza militar para proteger a los civiles en Venezuela; y el potencial de una “resistencia armada” protegiendo a Maduro.
“Se nos indicó que asumamos que había hasta 200 guardias armados en un fuerte literal que habían sido enviados y armados por otro país únicamente para garantizar la seguridad de Maduro”, señala el dictamen. “Este nivel de resistencia armada esperada apoya la necesidad de fuerzas militares para proporcionar seguridad al personal de las fuerzas del orden que lleva a cabo la entrega”.
Aunque el dictamen identifica riesgos significativos en las operaciones militares, los abogados de la administración juzgaron que era poco probable que condujera a una guerra total que requiera la aprobación del Congreso.
Líderes republicanos han declarado que no recibieron notificación previa de la incursión para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El Senado aprobó la semana pasada una resolución que limitaría la capacidad de Trump para llevar a cabo más ataques contra Venezuela, expresando su desaprobación por sus crecientes ambiciones en el hemisferio occidental. Trump ha estado presionando a los republicanos del Senado para que voten en contra de la resolución el miércoles.
“Si bien no podemos especular sobre ninguna decisión presidencial en respuesta a la importante pérdida de personal militar estadounidense, se nos aseguró que no existe un plan de contingencia para participar en ninguna operación sustancial y sostenida que equivalga a una guerra constitucional”, dice el dictamen.
“Además, se nos aseguró que no existe un plan de contingencia que implique el uso de fuerzas estadounidenses para ocupar Venezuela en caso de que la remoción de Maduro resulte en disturbios civiles en ese país. Basado en esa evaluación de las intenciones de Estados Unidos, actualmente no planeamos ninguna acción que equivalga a una guerra constitucional”, agregó.
