El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anuló tres contratos directos de seguridad por S/16,2 millones otorgados a la empresa GZ Perú en julio de 2026. La decisión ministerial se produjo tras descubrirse que la compañía acreditó su experiencia con facturas inexistentes en la Sunat y constancias negadas por los supuestos clientes.
El tramo final del gobierno de José María Balcázar dejó un nuevo frente de escrutinio en el Estado. Entre el 20 y el 24 de julio de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concretó contrataciones directas con la empresa GZ Perú S.A. por un monto total de S/16 millones 200 mil. Los acuerdos buscaban garantizar la vigilancia y el resguardo de las instalaciones ministeriales a nivel nacional.
Sin embargo, las adjudicaciones no pasaron por un concurso público abierto ni por una licitación tradicional. Las adjudicaciones no se realizaron mediante un concurso público, según detalló una investigación periodística que reveló que la oficina de abastecimiento invitó y seleccionó a la proveedora tras cancelarse tres procesos previos donde la firma no había conseguido ganar.
Facturas inexistentes en Sunat y cuestionamientos a la experiencia previa
Para obtener la buena pro, GZ Perú S.A. estaba obligada a demostrar solvencia y experiencia previa en la prestación de servicios de seguridad de gran magnitud. Para cumplir con este requisito, la compañía presentó contratos simples, constancias y comprobantes que detallaban supuestos cobros mensuales de S/450 mil por servicios brindados entre los años 2020 y 2023.
La revisión técnica de los documentos derrumbó la fachada. Especialistas tributarios examinaron los comprobantes presentados y detectaron que facturas clave no figuraban en los registros oficiales. Comprobantes considerados relevantes para acreditar los servicios no figuran en la plataforma de la Sunat.
Entre los documentos cuestionados figuraba la factura N.° 106 y la N.° 109, utilizadas para respaldar transacciones con ROAL Laboratorios S.A.C.
«Es una factura que nunca ha sido emitida en el facturador de Sunat; por lo tanto, no tiene validez legal.»
Benjamín Gutiérrez, abogado tributarista
El especialista añadió que claramente, esto parece un indicio de falsificación de facturas
. Además, advirtió sobre una presunta confabulación entre las partes involucradas. Parece que se han confabulado —en referencia a GZ Perú y ROAL Laboratorios— para hacer un favor, posiblemente para ayudar a esta empresa a ganar un contrato con el Estado a través de la experiencia de la facturación acumulada, apuntó el experto.
El testimonio de ROAL Laboratorios y la defensa de GZ Perú
La documentación examinada incluía una constancia fechada el 16 de noviembre de 2023, la cual certificaba que GZ Perú había brindado seguridad de forma oportuna y eficiente
al policlínico ROAL Laboratorios, establecimiento que opera en el distrito limeño de Los Olivos. No obstante, el gerente general de dicho policlínico, Miguel Paz Álvarez, negó rotundamente reconocer la firma estampada en el documento.
La contradicción se profundizó al examinar las características físicas del supuesto cliente. El establecimiento de ROAL Laboratorios cuenta con una única sede en Los Olivos y actualmente no mantiene servicios de vigilancia en sus instalaciones. Pese a ello, las facturas presentadas indicaban pagos mensuales de aproximadamente S/450 mil por una supuesta cobertura de seguridad.
Ante las observaciones periodísticas, el gerente general de GZ Perú S.A., Emiliano Valdelomar Castro, intentó justificar la experiencia alegando que el resguardo se distribuyó en múltiples puntos. Dentro de Lima tiene varios sitios
, afirmó al defender la validez de los servicios prestados a la empresa privada.
Las cifras de los acuerdos directos adjudicados a GZ Perú reflejaban montos considerables obtenidos mediante la cuestionada experiencia. Fue con esa supuesta experiencia que GZ Perú consiguió tres contratos directos con el Minjusdh. El primero por S/ 4 884 820; el segundo por S/ 5 076 990; y el tercero por S/ 6 068 325.
Anulación de contratos y acciones legales del Ministerio de Justicia
Frente a las revelaciones y la confirmación oficial emitida por la Sunat sobre la inexistencia de los comprobantes, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, ordenó la paralización definitiva de los vínculos contractuales con la proveedora heredada de la gestión del exministro Luis Jiménez Borra.
Para evitar la desprotección de los locales institucionales, el sector dispuso la emisión de órdenes de servicio de emergencia por un periodo estimado de dos semanas mientras se convoca a un nuevo proceso transparente con firmas acreditadas. La oficina de administración ministerial, junto a la Contraloría General de la República, realiza las indagaciones internas para determinar responsabilidades administrativas.
El titular del sector advirtió que el caso trasciende las fronteras de su cartera ministerial y refleja deficiencias estructurales más amplias en el aparato estatal. Estos procesos no son visualizados por el ministro, ni siquiera por el viceministro, esto es un manejo interno de la administración que tiene que dilucidarse, porque lo que se ha encontrado, no solo en Justicia sino en otros ministerios, es una alta incidencia de corrupción, declaró el ministro al confirmar que todo el expediente fue derivado al Ministerio Público.
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