La Comisión de Protección de Datos (DPC) de Irlanda tiene pendientes de cobro más de 4.000 millones de euros en multas, o bien estas se encuentran sujetas a impugnación legal. El año pasado, la DPC impuso sanciones por un valor superior a los 530 millones de euros a diversas compañías, incluyendo grandes empresas tecnológicas.
Sin embargo, según datos revelados bajo leyes de acceso a la información, hasta la fecha solo se han recaudado 125.000 euros de esas multas.
En los últimos seis años, la comisión ha impuesto multas por un total de 4.040 millones de euros, principalmente a empresas multinacionales del sector tecnológico. De esta cifra, 4.020 millones de euros permanecen sin cobrar, y solo se han abonado 20 millones de euros.
Durante 2024, las multas impuestas ascendieron a 652 millones de euros, de los cuales se han pagado 582.500 euros.
El año anterior, la DPC impuso sanciones por valor de 1.550 millones de euros, pero solo se recaudaron 815.000 euros. En 2022, las multas decididas por la comisión sumaron poco más de 1.000 millones de euros, de los cuales se han pagado 17 millones de euros hasta el momento.
Hace cinco años, en 2021, se ordenó a las empresas pagar 225 millones de euros por cuestiones de protección de datos, de los cuales se han recaudado 800.000 euros. Incluso en 2020, cuando se impusieron multas por un total de 785.000 euros, se pagó menos del 10%, es decir, 75.000 euros.
[ Data Protection Commission sought €10m budget increase to beef up staff numbersOpens in new window ]
La Comisión de Protección de Datos ha indicado que la mayoría de estos casos se encuentran actualmente en apelación ante los tribunales irlandeses. La legislación vigente impide la recaudación de las multas hasta que sean confirmadas por un tribunal.
Una nota informativa señala: “Cuando una entidad sujeta a una multa decide apelar… la DPC está legalmente impedida de recaudar la multa hasta que la apelación haya sido escuchada”. La comisión también ha señalado que muchas de las multas dependen de un caso clave que involucra a WhatsApp, el cual se encuentra actualmente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ante la pregunta de si alguna de las multas se consideraba “incobrable” por alguna razón, la DPC respondió que ninguna lo era.
