Tensiones en el Parlamento tailandés rodean el proyecto TH-AI Passport tras denuncias de irregularidades en la licitación y un recorte presupuestario de 900 millones de bahts. El Dr. Warong afirmó que la empresa adjudicataria opera desde la residencia de un diputado del partido Bhumjaithai, mientras la diputada Ice Rukchanok celebró la reducción de fondos, según reportan Matichon Online y Naew Na.
¿Por qué hubo disturbios en el Parlamento sobre el proyecto TH-AI?
El Dr. Warong provocó un enfrentamiento legislativo al revelar que la empresa encargada de la licitación del proyecto TH-AI tiene su sede en la casa de un diputado del partido Bhumjaithai, de acuerdo con Manager Online. Esta declaración generó protestas inmediatas entre los legisladores de dicho partido.
Para frenar la intervención, Sophon ordenó cerrar el micrófono del Dr. Warong. Según Matichon Online, la medida se justificó bajo el argumento de que las declaraciones del médico excedían el marco de la agenda establecida para la sesión.
¿Qué impacto tuvo el recorte presupuestario de 900 millones?
La diputada Ice Rukchanok agradeció públicamente a la Oficina del Presupuesto por eliminar 900 millones de bahts destinados al proyecto TH-AI Passport, según informa Naew Na. La legisladora utilizó este escenario para lanzar una crítica directa a su padre, Chaiyanok, instándolo a no actuar como alguien «sobreprotegido».
En declaraciones recogidas por Thairath, Rukchanok afirmó no temer a su padre y exhortó a las nuevas generaciones a rechazar a quienes solo buscan proteger a los hijos de personas poderosas.
¿Existe apoyo ciudadano al TH-AI Passport?
A pesar de las controversias legislativas y los recortes, sectores de la sociedad civil han manifestado su respaldo al proyecto. De acuerdo con Daily News, un grupo de ciudadanos acudió al Parlamento para entregar una carta al Comité de Economía Digital (DE), solicitando que se avance con la implementación del TH-AI Passport.
Este respaldo ciudadano contrasta con la postura de Rukchanok y las denuncias de Warong, evidenciando una división entre la presión popular por la tecnología y las sospechas de corrupción administrativa en la adjudicación del contrato.
