Los reguladores de servicios públicos de Carolina del Sur desestimaron una petición para supervisar una central de gas natural destinada a un centro de datos de $2.8 mil millones en el condado de Spartanburg. La decisión contrasta con la postura de la oficina de supervisión estatal, que exigía permisos de ubicación previa.
La Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Sur votó de manera unánime a favor de desestimar una petición presentada por residentes locales y un grupo ambientalista que buscaba frenar el desarrollo energético de un importante centro tecnológico en el condado de Spartanburg. La controversia gira en torno a los planes de construcción de una infraestructura masiva de generación eléctrica privada para abastecer operaciones tecnológicas de gran escala.
Una decisión unánime que exime el control de ubicación
El litigio administrativo se originó cuando la agrupación conocida como Concerned Citizens of Spartanburg County
, junto con la Alianza del Sur para la Energía Limpia, solicitó que la promotora Valara Holdings obtuviera un certificado específico de regulación antes de continuar con la construcción de su planta de energía de más de 450 megavatios.
Los abogados de los residentes argumentaron que la ausencia de supervisión ocultaba datos cruciales sobre el impacto ambiental del proyecto. La Oficina de Personal Regulatorio, que actúa como el organismo de vigilancia de los servicios públicos del estado, respaldó inicialmente la necesidad de someter a la desarrolladora al escrutinio del organismo regulador.
Sin embargo, los comisionados desestimaron los argumentos de la comunidad. Los representantes legales de la empresa constructora sostuvieron con éxito que las instalaciones de generación no están sujetas a la ley de ubicación de servicios públicos del estado debido a que la energía generada no se destina al consumo público general.
La matriz corporativa de Valara Holdings, identificada como NorthMark Strategies, confirmó a través de un comunicado que las labores en el sitio prosiguen conforme a lo previsto, y añadió que sus operaciones en el condado de Spartanburg continúan, permaneciendo enfocadas en el trabajo futuro y en el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables.
El impacto del complejo tecnológico en el condado de Spartanburg
El proyecto tecnológico objeto de la controversia representa una inversión de $2.8 mil millones y se ubica específicamente en el número 4000 de Pine Street. La ejecución de las obras se extiende de forma continuada hasta el año 2028, según los registros difundidos sobre el desarrollo inmobiliario e industrial.
Para abastecer el complejo, la iniciativa contempla la instalación operativa de 45 generadores de gas natural y 11 turbinas del mismo tipo, de acuerdo con los permisos tramitados ante el Departamento de Servicios Ambientales del estado, instancia que ya autorizó el primero de dos permisos ambientales requeridos.
La decisión de la comisión generó duras críticas por parte de los sectores defensores del medio ambiente. Kate Mixson, abogada del Centro de Derecho Ambiental del Sur que representó a los vecinos inconformes, cuestionó severamente el alcance del fallo regulador.
Diferencias regulatorias regionales frente a la demanda tecnológica
Mientras Carolina del Sur optó por liberar de supervisión la infraestructura energética privada vinculada a la industria digital, las autoridades de la vecina Carolina del Norte adoptaron una postura diametralmente opuesta frente a un proyecto análogo impulsado por energéticas y grandes corporaciones tecnológicas.
En el estado vecino, la comisión de servicios públicos negó formalmente una propuesta de Duke Energy orientada a la construcción de una turbina de gas natural valorada en $584 millones cerca de Hamlet, adyacente a un futuro complejo de centros de datos de Amazon tasado en $10 mil millones en el condado de Richmond.
Los reguladores de Carolina del Norte determinaron que la empresa eléctrica no logró demostrar la necesidad real de la infraestructura ni garantizó la protección financiera adecuada para los contribuyentes ante el incremento de los costos operativos derivados de la demanda industrial.
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