Actualizado el 13 de febrero de 2026, 2:46 p.m. ET
Siete estados no parecen haber llegado a un acuerdo sobre cómo distribuir el agua del menguante río Colorado antes de la fecha límite establecida por funcionarios federales, según informes recientes. Más detalles aquí.
La disputa enfrenta a los estados de la Cuenca Baja – Arizona, California y Nevada – contra los cuatro estados de la Cuenca Alta: Colorado, Wyoming, Utah y Nuevo México. Todos luchan por encontrar una solución que permita que los dos embalses más grandes del río y del país – los lagos Mead y Powell – mantengan niveles de agua suficientes para generar energía hidroeléctrica y abastecer a los usuarios aguas abajo en la Cuenca Baja y México.
Durante más de un año, los estados han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo voluntario para reemplazar las directrices de operación de las represas que expiran a finales de 2026. Funcionarios federales han expresado su deseo de llegar a un consenso sobre un acuerdo que dure 20 años antes del 14 de febrero, aunque esta fecha límite podría no ser definitiva.
El principal negociador de Nevada emitió una declaración el 13 de febrero indicando que el grupo no ha logrado alcanzar un acuerdo, y compartió la frustración de los habitantes de Nevada ante la falta de avances en las negociaciones.
Durante meses, los estados de la Cuenca Alta han argumentado que solo harían cortes voluntarios porque no utilizan tanta agua como los estados de la Cuenca Baja y no pueden controlar la sequía que los afecta.
Arizona ha renunciado recientemente a aproximadamente un tercio de su asignación del río a través de cortes obligatorios y voluntarios compensados para evitar que el lago Mead se seque por completo. Ha ofrecido hacer eso y más en años futuros secos, pero solo si los estados aguas arriba aceptan sus propios cortes obligatorios.
Los gobernadores de los estados de la Cuenca Baja emitieron una declaración conjunta prometiendo continuar trabajando hacia un acuerdo, pero también afirmando que ya han ofrecido términos razonables.
Sin un acuerdo, los estados tendrán que aceptar un plan impuesto por el Departamento del Interior de los Estados Unidos o iniciar una larga batalla legal.
Los negociadores han comenzado a discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo a corto plazo que dure hasta cinco años y luego continuar las negociaciones sobre qué imponer durante los 15 años restantes.
