Más de 120 profesionales de ciberseguridad y tecnología han firmado una carta abierta dirigida al gobierno federal, donde exigen levantar las restricciones vigentes en el sector, según se dio a conocer hoy.

El documento, impulsado por expertos de la industria, no especifica cuáles son las limitaciones que buscan derogar, pero su publicación refleja un creciente descontento en el ámbito tecnológico por regulaciones que, según los firmantes, frenan la innovación y la competitividad del país en materia digital.

La iniciativa, que ya circula en plataformas especializadas, recoge firmas de perfiles con trayectoria en empresas de seguridad informática, startups de base tecnológica y organismos de estandarización. Entre los signatarios destacan nombres vinculados a proyectos de ciberdefensa y a la promoción de políticas de datos abiertos.

El texto no incluye plazos ni mecanismos de presión, pero su difusión masiva —incluyendo redes profesionales como LinkedIn— sugiere que los autores buscan generar un debate público antes de escalar la demanda ante instancias legislativas.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha respondido oficialmente a la carta, aunque fuentes cercanas al sector indican que el gobierno evalúa ajustes en su marco regulatorio para tecnologías críticas, un tema que ha ganado relevancia tras incidentes recientes de ciberataques a infraestructuras nacionales.

¿Qué restricciones buscan eliminar los expertos?

La carta no detalla qué normas concretas pretenden revocar, pero analistas consultados por Notiulti.com señalan que las principales objeciones giran en torno a:

• Exportación y uso de herramientas de ciberseguridad: Limitaciones para acceder a soluciones internacionales, lo que encarece la protección de sistemas locales.
• Certificaciones obligatorias: Requisitos burocráticos que retrasan la implementación de estándares de seguridad en empresas emergentes.
• Acceso a datos de inteligencia artificial: Restricciones para entrenar modelos locales con información sensible, según revelaron algunos firmantes en entrevistas previas.

Según Juan Mendoza, director de un laboratorio de ciberseguridad firmante, «estas barreras no solo afectan a las pymes, sino que ponen en riesgo la soberanía digital del país». Mendoza, quien prefirió no revelar su afiliación institucional, añadió que el documento busca «romper el silencio corporativo» sobre un tema que, hasta ahora, se ha manejado en círculos cerrados.

¿Por qué ahora? El contexto detrás de la carta

La publicación de la carta coincide con un momento de tensión en el sector tecnológico nacional. En los últimos seis meses, el gobierno ha intensificado las auditorías a plataformas de cloud computing y a proveedores de servicios de seguridad, bajo la justificación de «proteger la infraestructura crítica». Sin embargo, los expertos argumentan que estas medidas han generado:

• Un aumento del 30% en los costos para implementar soluciones de seguridad, según datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Tecnología (Ametec).
• La fuga de talento hacia mercados con menos regulaciones, como España y Canadá, donde empresas locales han abierto sucursales para operar sin restricciones.
• Retrasos en la adopción de blockchain y criptografía en proyectos gubernamentales, a pesar de que estas tecnologías ya son estándar en otros países de la región.

En contraste, países como Estonia —referente en digitalización— han eliminado barreras similares en los últimos años, lo que les permitió reducir incidentes de ciberseguridad en un 40% entre 2020 y 2023, según informes de la OCDE. Los firmantes mexicanos citan este caso como ejemplo de cómo la flexibilización regulatoria puede alinearse con la seguridad nacional.

¿Qué sigue? Posibles escenarios tras la carta

Aunque el gobierno no ha emitido una respuesta formal, tres fuentes cercanas al sector —dos de ellas vinculadas a la Secretaría de Economía y una a la Agencia de Ciberseguridad Nacional— anticipan los siguientes pasos:

• Mesas de diálogo técnico: Se espera que en las próximas semanas se convoquen reuniones con los firmantes para analizar las restricciones de manera sectorial, sin descartar ajustes puntuales.
• Presión legislativa: Diputados de la comisión de Innovación podrían tomar el tema como punto de agenda en la próxima sesión ordinaria, especialmente si la carta gana adhesiones de cámaras empresariales.
• Evaluación de riesgos: La Agencia Nacional de Inteligencia de Seguridad (ANIS) podría emitir un informe interno sobre el impacto de levantar ciertas restricciones, un proceso que podría tardar hasta tres meses.

Mientras tanto, la carta sigue abierta a nuevas firmas, incluyendo a académicos y representantes de gremios como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica. Su éxito dependerá, en gran medida, de si logra articular una narrativa clara entre los beneficios de la flexibilización y los riesgos de mantener un marco rígido en un entorno global cada vez más interconectado.

Para los profesionales del sector, el documento marca un punto de inflexión: «Ya no se trata de pedir, sino de exigir transparencia en las reglas del juego», declaró Laura Rojas, cofundadora de una startup de ciberseguridad con operaciones en Latinoamérica. Rojas, quien no firmó la carta, consideró que el movimiento podría «cambiar la agenda política en tecnología para la próxima administración».

El video, grabado durante un foro en Ciudad de México, recoge declaraciones de tres de los firmantes sobre los desafíos regulatorios en el sector. Entre los temas abordados destacan:

• La brecha entre normativas locales y estándares globales en ciberseguridad.
• Casos de empresas que han tenido que mudar sus servidores al extranjero por limitaciones técnicas.
• Propuestas para un marco regulatorio ágil que no sacrifique la seguridad.