La obligatoriedad de exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas públicas de Texas ha desatado un intenso debate sobre el lugar de la religión en la educación. La ley, actualmente impugnada en los tribunales, se ha convertido en el centro de una fuerte disputa política y legal en este estado del sur de Estados Unidos, tradicionalmente republicano.
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De nuestro corresponsal en San Antonio,
“No adorarás a otros dioses.” En Texas, esta frase bíblica ya no se limita a las iglesias, sino que ahora se introduce en las aulas de las escuelas públicas. En este estado, firmemente republicano, la educación se ha transformado en un campo de batalla ideológico donde se entrelazan una cruzada religiosa y una estrategia política nacional.
Aprobada en mayo pasado por la mayoría republicana del Senado de Texas, la ley SB10 exige que las instituciones públicas exhiban los Diez Mandamientos “en un lugar visible” en las aulas. Considerada “inconstitucional” al día siguiente de su promulgación, pero todavía en vigor en algunos distritos, esta ley fue reexaminada por una corte de apelaciones federal el 20 de enero y se espera que dicte su decisión final en los próximos meses.
Presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, como “indisoluble” del patrimonio estadounidense, la obligación de exhibir los Diez Mandamientos parece ser más bien un caballo de Troya religioso en un estado donde la derecha cristiana ejerce una influencia cada vez mayor en la agenda política. La sección local de la American Civil Liberties Union (ACLU) lo considera una “burla” a la separación entre la Iglesia y el Estado y una “violación intolerable” de la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza, entre otras cosas, la libertad religiosa.
“Lo que encarnan estos Diez Mandamientos no tiene nada de religioso: es una herramienta de poder y control”, añade Felicia Martin, presidenta de la asociación Texas Freedom Network, comprometida con la defensa de las libertades civiles. “Atacar a la escuela pública es poner en peligro la democracia”, afirma con vehemencia.
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“Una batalla política”
Paloma (nombre ficticio), madre de dos hijos que asisten a una escuela pública en San Antonio, también denuncia este “adoctrinamiento escolar”. Recuerda con precisión la pregunta de su hijo menor: ¿tenía “derecho” a no creer en Dios, ya que un texto sagrado está en las paredes de su aula? Paloma se detiene un momento, busca sus palabras y luego continúa, con voz más baja. “La escuela no debe hacer dudar a un niño de lo que es o en lo que cree.”
Describe a un niño perturbado, tratando de comprender lo que la escuela “espera de él”. “Algunos mandamientos hablan de adulterio y pecado. Son conversaciones que quiero tener con él cuando lo considere apropiado, no porque un cartel haya sido colgado por el Estado en su aula”, dice, desilusionada, hasta el punto de considerar escolarizar a sus hijos con su padre en California.
Rosa, una maestra que pidió el anonimato y trabaja en un barrio desfavorecido de San Antonio, dice haber enfrentado los mismos dilemas, incluso contemplando la jubilación. “Nos ponen en medio de una batalla política que nos supera, y de la cual la escuela se convierte en rehén”, afirma. La exhibición de los Diez Mandamientos, añade, “nunca es neutral”: para algunos estudiantes, “especialmente aquellos que no son cristianos, es un recordatorio diario de que son diferentes y, por lo tanto, excluidos del resto del grupo”.
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Una batalla legal que promete ser larga
A diferencia de los vouchers escolares (cheques de educación) o los repetidos ataques contra la enseñanza de cuestiones raciales y de género, los Diez Mandamientos son “la forma más evidente y directa de instrucción religiosa”, analiza David McCoy, profesor de ciencias políticas en el San Antonio College. Mientras que las primeras medidas se basan en una estrategia de elusión o debilitamiento progresivo de la escuela pública, la ley SB10 “impone un mensaje religioso explícito en el corazón mismo de la pedagogía”. Una ruptura asumida, según él: “Es una violación tan flagrante de lo que la Corte Suprema siempre ha dicho”. Una forma para Texas de “reconocer la falta de interés de las autoridades por las salvaguardias constitucionales”.
Suspendida in extremis a finales de agosto por un juez federal que consideró que la exhibición de los Diez Mandamientos “cruza la línea entre la exposición y la coerción”, la ley de Texas podría dar lugar a un largo e incierto proceso judicial, susceptible de llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
En 2022, bajo la presidencia de Joe Biden, la Corte Suprema anuló casi medio siglo de derechos al aborto al revocar el fallo Roe v. Wade. Un precedente importante que demuestra que principios constitucionales considerados establecidos durante mucho tiempo pueden ahora ser cuestionados.
La exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos eliminaría entonces otra barrera, transformando a Texas en un precedente nacional y a la escuela pública en un nuevo campo de experimentación ideológica.
