El presidente Donald Trump exigió este lunes prohibir la venta de aviones de la compañía canadiense Bombardier en Estados Unidos a menos que fabrique sus aeronaves en suelo estadounidense, en una escalada de la guerra comercial que coincidió con la entrada en vigor de aranceles de represalia por parte de Canadá.
La disputa comercial entre Washington y Ottawa sumó un nuevo capítulo cuando el presidente Donald Trump afirmó que la empresa aeroespacial canadiense ya no debería poder comercializar sus aeronaves en el mercado estadounidense. La medida, anunciada en la red social Truth Social horas antes de que se activaran aranceles canadienses sobre bienes de Estados Unidos, provocó reacciones inmediatas y cuestionamientos desde el propio Partido Republicano.
Las demandas de la Casa Blanca y la respuesta del fabricante
En su mensaje publicado el lunes, Trump endureció el tono contra el fabricante con sede en Montreal, al que acusó de beneficiarse de los compradores y aeropuertos estadounidenses mientras, según su postura, Canadá bloquea a los bancos y empresas de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump declaró que no se debían vender más aviones de Bombardier en Estados Unidos y sostuvo que sus productos no eran lo suficientemente buenos, según informó NBC News.
Presidente Donald Trump, a través de NBC News
El mandatario añadió en su plataforma digital que la firma canadiense debe construir aquí
si desea mantener acceso al mercado norteamericano, señalando que el país vecino trata a Estados Unidos como una alcancía
, según la traducción de sus declaraciones recogidas por la cobertura especializada en aeronáutica.
Por su parte, la compañía respondió mediante un comunicado oficial en el que defendió su arraigo económico en territorio estadounidense. Bombardier destacó que genera decenas de miles de empleos y mantiene una red de proveeduría integrada por aproximadamente 2.800 empresas estadounidenses repartidas en 47 estados, con una inversión anual superior a los 2.500 millones de dólares en proveedores locales.
Rechazo político en Kansas y defensa de la huella industrial estadounidense
La amenaza presidencial generó inquietud entre legisladores republicanos cuyos estados albergan operaciones de la compañía. El senador federal Jerry Moran, representante de Kansas —donde se ubica la sede estadounidense de Bombardier en Wichita—, realizó un llamamiento directo a la administración para advertir sobre el impacto económico de estas medidas.
Moran expresó a través de sus canales oficiales que se comunicó con el gobierno federal para garantizar que el presidente conozca las contribuciones de la firma a la fuerza laboral local y a las capacidades de defensa nacional.
El senador Jerry Moran, republicano por Kansas, indicó a través de NBC News que…
Senador Jerry Moran, republicano por Kansas, a través de NBC News
A nivel local, las autoridades de Wichita también manifestaron su preocupación. El representante estatal Nick Hoheisel respaldó el objetivo de priorizar a los trabajadores estadounidenses, pero advirtió que la medida pone en riesgo empleos especializados en la llamada Capital Mundial de la Aviación. En la misma línea, la alcaldesa de Wichita, Lily Wu, señaló su confianza en que la situación pueda resolverse y anunció su intención de dialogar con la empresa para evaluar el alcance de la advertencia presidencial.
El trasfondo arancelario y los antecedentes del conflicto
Como respuesta, Canadá implementó aranceles de represalia que oscilan entre el 15 y el 50 por ciento sobre más de 700 productos estadounidenses, incluyendo acero, aluminio, maquinaria y bienes de consumo, los cuales entraron en vigor a la medianoche del martes.
No es la primera ocasión en que el mandatario estadounidense utiliza restricciones contra el sector aeronáutico canadiense como presión política. A principios de año, el gobierno de Washington amenazó con retirar la certificación a los aviones Bombardier en represalias por disputas regulatorias sobre aeronaves ejecutivas de fabricación estadounidense, un conflicto que se desactivó temporalmente tras la aprobación de los jets Gulfstream por parte de los reguladores canadienses en febrero.
Mientras la administración federal mantiene su exigencia de manufactura local, la continuidad de las operaciones de Bombardier en estados como Kansas, Texas y California sitúa a los legisladores locales en el centro de un debate donde las tensiones macroeconómicas chocan directamente con los empleos industriales regionales.
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