La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha emitido una recomendación formal dirigida al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con el objetivo de analizar la estructura de precios del seguro laboral obligatorio. Este instrumento, actualmente gestionado y cobrado por las mutualidades, es objeto de escrutinio por parte del organismo regulador para asegurar la preservación de la libre competencia en el mercado.
La intervención de la FNE busca que el tribunal evalúe si los mecanismos de fijación de tarifas de esta cobertura obligatoria se ajustan a las normativas vigentes y si existen distorsiones que puedan afectar el correcto funcionamiento del sector. La medida apunta a garantizar que las condiciones de mercado se mantengan competitivas, evitando posibles barreras o irregularidades en la prestación de este servicio esencial para los trabajadores y las empresas.
