La jueza federal Rita Lin dictaminó el 28 de agosto de 2026 que el Departamento de Defensa de Estados Unidos actuó ilegalmente al incluir a la empresa de inteligencia artificial Anthropic en su lista negra de riesgos para la cadena de suministro, concluyendo que la medida violó la Primera Enmienda.
La disputa judicial que enfrentó a la administración de Donald Trump con el laboratorio de inteligencia artificial Anthropic ha tomado un giro definitivo en los tribunales federales. Una decisión emitida en San Francisco puso freno a las sanciones impuestas por el Pentágono a principios de año, tras un enfrentamiento directo sobre los límites éticos en el uso militar de modelos avanzados de lenguaje.
La orden judicial de la jueza Rita Lin en el tribunal de California
La jueza de distrito Rita Lin emitió una orden de 59 páginas en la que determinó que las acciones punitivas impulsadas por la Casa Blanca constituyeron una represalia ilegal contra la empresa. El fallo anuló de manera permanente la designación de riesgo de la cadena de suministro que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había asignado a la compañía creadora de los modelos Claude.
El tribunal ordenó al Departamento de Defensa y a las demás agencias gubernamentales involucradas retirar todas las directivas internas y comunicaciones orientadas a hacer cumplir la prohibición. En sus fundamentos, la jueza subrayó que el argumento de la seguridad nacional no puede utilizarse de forma arbitraria para sancionar el disenso político o castigar a quienes cuestionan las posturas del Ejecutivo.
Asimismo, la magistrada destacó que la administración vulneró los derechos de debido proceso garantizados por la Quinta Enmienda al no otorgar a la empresa la oportunidad adecuada para refutar los señalamientos antes de aplicar las restricciones comerciales.
El conflicto contractual por el uso de la inteligencia artificial Claude
El origen del enfrentamiento se remonta a una negociación contractual valorada en 200 millones de dólares destinada a desplegar la tecnología de Anthropic en sistemas militares clasificados. Las conversaciones colapsaron cuando la empresa exigió restricciones contractuales para prohibir que sus modelos fueran empleados en armas letales autónomas o en tareas de vigilancia masiva a nivel doméstico.
Por su parte, el Pentágono rechazó estas condiciones bajo el argumento de que las compañías tecnológicas contratistas no deben dictar las reglas de operación militar. El secretario de Defensa Pete Hegseth sostuvo que las fuerzas armadas estadounidenses requerían acceso irrestricto a la inteligencia artificial para todos los propósitos lícitos. Ante la negativa de Anthropic a retirar sus líneas rojas éticas, el gobierno aplicó la designación de riesgo para la cadena de suministro, un estatus habitualmente reservado para amenazas extranjeras que aisló de inmediato a la firma de la red de contratistas de defensa.
Reacciones corporativas y el proceso judicial pendiente en Washington
La empresa señaló que acoge con agrado la decisión y reiteró su voluntad de colaborar con el Estado en materias de seguridad.
«We welcome the court’s ruling that this supply chain risk designation was unlawful, We remain focused on working productively with the government to harness AI for our national security so all Americans benefit from this technology.»
Danielle Ghiglieri, portavoz de Anthropic, en declaraciones recogidas por Politico y The Verge
Pese a este revés judicial para el ejecutivo, la disputa legal no ha concluido en su totalidad. Un segundo litigio impulsado por Anthropic permanece abierto en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de F.C., donde se examina una designación paralela vinculada a contratos civiles que mantiene a la empresa bajo estatus restrictivo de manera temporal hasta que reciba resolución definitiva.
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