Cerca de 500.000 personas se manifestaron este sábado en Madrid para exigir soluciones urgentes a la crisis residencial y reclamar una huelga general.
Convocada por el Sindicato de Inquilinas, la marcha de las calles de Madrid reunió a 500.000 asistentes según los organizadores, mientras que la Delegación del Gobierno cifró la participación en unas 70.000 personas.
El Congreso tumba los decretos de vivienda y abre una crisis en Moncloa
El estallido en las calles se produce apenas unas horas después de que el Congreso de los Diputados tumbara los dos reales decretos ley de vivienda impulsados por el Ejecutivo. El rechazo se consumó en un pleno extraordinario donde la negativa de Junts, sumada al voto en contra del Partido Popular, Vox y UPN, sepultó un paquete normativo diseñado para frenar la escalada de precios.
El primer decreto, que incluía medidas contra los desahucios de personas vulnerables y una prórroga en los contratos de alquiler, cayó por 178 votos en contra frente a 172 a favor. El segundo, enfocado en la renovación automática de los arrendamientos, decayó por 184 votos frente a 166.
El naufragio parlamentario ha obligado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abrir un periodo de reflexión para evaluar un posible adelanto electoral. Si el Ejecutivo optara por disolver las Cortes de forma inmediata, la convocatoria debería formalizarse este lunes 5 de octubre para celebrar unos comicios generales el 29 de noviembre.
La acampada en la Puerta del Sol exige rebajar los alquileres un 50 %
En el centro de Madrid, la plaza de la Puerta del Sol cumple su séptima noche consecutiva de acampada con unas 2.000 personas concentradas en tiendas de campaña.
Entre los manifestantes acampados reina la indignación ante la falta de respuestas institucionales estables. Los colectivos sociales exigen una rebaja del 50 % en las rentas del alquiler, contratos indefinidos y la expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, aseguró que la huelga general llegará pronto y que el movimiento no consentirá otros cuatro años de inacción frente a la emergencia habitacional.
La protesta se desarrolló de forma pacífica y con presencia policial. La convocatoria del Sindicato de Inquilinas reclama una rebaja del 50% en los alquileres, contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a los fondos buitre. Su portavoz, Valeria Racu, explicó que todavía no hay fecha para la huelga general, que negocian con otras organizaciones y que quieren que sea histórica.
Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, vía Euronews
Cargas policiales en Valencia y marchas en Santander, Cádiz y Barcelona
En Valencia, la marcha convocada por diversos colectivos se dirigió hacia el Palau de les Arts, sede del congreso de inversores inmobiliarios Valencia Real Estate Summit 2026. Varios manifestantes derribaron las vallas de seguridad y accedieron a la terraza de la primera planta del edificio. La Policía respondió con cargas, botes de humo y pelotas de goma.
Las movilizaciones se reprodujeron en decenas de ciudades del país. En Santander, entre 2.000 y 5.000 personas secundaron la convocatoria del Sindicato de Vivienda de Cantabria, mientras se mantiene una acampada con más de cuarenta tiendas en la Plaza Porticada. En Cádiz, las marchas recordaron que el alquiler medio ronda los 900 euros y la compraventa alcanza los 200.000 euros. En Barcelona y L’Hospitalet, las entidades convocantes tuvieron que suspender su protesta prevista para la tarde del sábado debido a las intensas lluvias, reprogramándola para el próximo 5 de octubre en la plaza Urquinaona.
Los sindicatos debaten un paro general mientras la patronal rechaza la medida
Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) se encuentran debatiendo el alcance de sus movilizaciones en el seno de sus órganos directivos. Los líderes de ambas centrales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, coinciden en la necesidad de dotar a las protestas de una dimensión estrictamente laboral, aunque admiten las dificultades organizativas de un paro sectorial o general.
Desde la patronal, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, manifestó su respeto hacia las movilizaciones ciudadanas, pero advirtió de que actuaría con firmeza frente a la convocatoria de un paro general al considerarlo ilegal.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijo respetar las protestas, pero advirtió de que actuaría si se convocara un paro general, porque lo considera ilegal.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, vía Euronews
A este escenario se suma el debate interno en sindicatos alternativos como la CGT, que celebra su congreso ordinario en Parla para decidir su adhesión a las llamadas de huelga, en un contexto donde el encarecimiento de la vivienda amenaza con neutralizar cualquier subida salarial pactada en los convenios colectivos.
¿Decidirá el presidente del Gobierno disolver las Cortes este lunes para convocar elecciones el 29 de noviembre, y secundarán finalmente los sindicatos mayoritarios la huelga general?
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