La financiación climática global ya ha alcanzado un tamaño de billones de dólares, consolidándose como un nuevo eje del mercado de capitales. Sin embargo, la brecha entre la cantidad necesaria y los fondos realmente movilizados sigue siendo considerable. Ante las variables políticas y diplomáticas de los países desarrollados y la fatiga regulatoria, 2026 se perfila como un punto de inflexión que pondrá a prueba tanto la expansión cuantitativa como la recuperación de la confianza. No obstante, algunos expertos anticipan que este año marcará el inicio de una fase más activa de la financiación climática.
2025: Fondos climáticos crecientes, pero aún insuficientes
Según el Climate Policy Initiative (CPI), una institución de análisis internacional, la inversión climática necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París se estima en 6 a 9 billones de dólares anuales. Se prevé que se requiera una inversión de esta magnitud para situar la economía mundial en una trayectoria de transición verde para 2030.
El establecimiento de sistemas de divulgación y contabilidad que permitan a los inversores comparar cuantitativamente los riesgos y oportunidades climáticas se ha consolidado como una infraestructura clave para la financiación climática. El estándar de divulgación climática IFRS S2 del International Sustainability Standards Board (ISSB) entró en vigor en 2024, y las autoridades financieras de cada país están trabajando para incorporarlo a sus regulaciones nacionales.
La tendencia a tratar la información financiera relacionada con el clima como una “segunda declaración financiera” está impulsando el diseño de diversos instrumentos de financiación climática, como bonos verdes, bonos de transición y préstamos vinculados a la sostenibilidad (SLL). Paralelamente, el debate en torno a la revisión de la regulación de divulgación de finanzas sostenibles de la UE (SFDR), la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la taxonomía de la UE ha generado presiones para mantener el marco regulatorio, pero reducir su complejidad y costes. La insistencia de los grandes inversores institucionales a la UE para que “evite retroceder en las reglas verdes” refleja esta situación.
A pesar de estos avances, la financiación climática sigue siendo vulnerable a los vaivenes de la política internacional. La decisión de Estados Unidos en 2025 de retirarse del fondo creado para apoyar a los países en desarrollo afectados por el cambio climático, y la consiguiente cancelación de sus contribuciones prometidas, son un claro ejemplo. Las negociaciones de la COP30 celebrada en Belém, Brasil, concluyeron sin lograr estrechar la brecha entre los países desarrollados y en desarrollo en relación con los planes de reducción gradual de los combustibles fósiles y la expansión de la financiación climática. Los países vulnerables a los desastres naturales exigieron una triplicación de los fondos de adaptación, alcanzando los 1200 mil millones de dólares anuales, mientras que algunos países donantes condicionaron el aumento de los fondos a compromisos de transición de los combustibles fósiles, lo que generó un estancamiento.
Sin embargo, también hubo progresos. Uno de ellos es el objetivo de “triplicar” los fondos de adaptación al cambio climático. Inicialmente, el Grupo Africano y los países vulnerables solicitaron la inclusión de una cifra de 1200 mil millones de dólares anuales para 2030, pero el texto final se limitó a comprometerse a “esforzarse por triplicar” los fondos de adaptación para 2035. Esta falta de cifras y plazos concretos ha generado críticas sobre la lentitud y la ambigüedad de la iniciativa.
Otro resultado importante fue el establecimiento de un programa de trabajo de dos años sobre financiación climática, basado en el artículo 9 del Acuerdo de París. Los países se comprometieron a celebrar mesas redondas de alto nivel de forma regular para debatir los elementos cuantitativos y cualitativos de los nuevos objetivos de movilización de financiación climática (NCQG), especialmente los planes de ampliación de los fondos de adaptación, y a refinar el diseño detallado durante 2026 y 2027.
Las claves de la financiación climática en 2026
Los expertos consideran que 2026 será un año crucial para poner a prueba la capacidad de ejecución de la financiación climática tras la COP30. La principal tarea para 2026 será concretar el NCQG y la hoja de ruta de Bakú-Belém, que se iniciaron en la COP29.
El programa de trabajo de dos años lanzado en la COP30 implicará negociaciones técnicas y políticas en torno a la asignación de recursos, con un objetivo de 300 mil millones de dólares a 1,3 billones de dólares para 2026-2027, así como a la proporción de subvenciones y préstamos, el apalancamiento del sector privado y la distribución de responsabilidades entre el capital público y privado, y los principios de asignación a nivel nacional y regional. La COP31, que se celebrará en Antalya, Turquía, en 2026, se espera que sea el primer punto de control intermedio para evaluar la credibilidad de esta hoja de ruta.
Otro aspecto clave será la capacidad de construir una curva de confianza en la triplicación de los fondos de adaptación. Dado que el paquete de Belém solo proporciona una dirección para 2035, en la práctica, a partir de 2026, la ampliación de los fondos de adaptación debe reflejarse notablemente en los presupuestos de los países desarrollados y en las políticas de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD). La denominada “hoja de ruta de adaptación de Bakú”, adoptada en la COP30, incluye en su plan de implementación oficial el trabajo de concretar los objetivos e indicadores de adaptación para 2026-2028 y ampliar la cartera de proyectos de adaptación a nivel nacional.
Al mismo tiempo, el fortalecimiento de los fondos de pérdidas y daños y del Fondo Verde para el Clima seguirá siendo un tema político sensible en 2026. Conscientes de las críticas expresadas en la COP30 (“el fondo existe, pero no hay dinero”), la sociedad civil y los países vulnerables exigirán a partir de 2026 un aumento de las promesas de contribución por parte de los países, así como la búsqueda de nuevas fuentes de financiación basadas en el principio de “quien contamina paga” (combustibles fósiles, transporte marítimo, aviación). Esto podría convertirse en un campo de pruebas para determinar la equidad de la financiación climática con respecto a las partes afectadas.
La reforma de los bancos multilaterales de desarrollo y la movilización de capital privado también serán ejes centrales de la financiación climática en 2026. La hoja de ruta de Bakú-Belém, partiendo de la base de que los fondos públicos existentes son insuficientes para alcanzar los objetivos, propone la ampliación del capital de los BMD y el apalancamiento del capital privado como herramientas clave. En consecuencia, en 2026 se espera que las discusiones en el G20, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo aceleren las medidas para flexibilizar las normas de adecuación del capital de los BMD, ampliar los mecanismos de reparto de riesgos (garantías, préstamos subordinados) y promover la inversión privada a través de la financiación mixta. Este movimiento se considera un intento de ampliar la escala y mejorar la eficacia.
Por último, la incertidumbre política y los debates sobre la equidad seguirán siendo constantes en la financiación climática en 2026. Las evaluaciones de los resultados de la COP30 han calificado el acuerdo como un “compromiso de supervivencia” que apenas ha logrado salvar el multilateralismo, pero que es totalmente insuficiente para seguir el ritmo de la crisis climática. En la COP31 de Turquía se prevé que se intensifiquen los enfrentamientos entre los países desarrollados y en desarrollo en relación con la escala de los fondos, su forma (subvenciones frente a préstamos), su accesibilidad y sus condiciones (carga de la deuda, gobernanza).
Im Hyekyung, periodista de Hankyung ESG esit917@hankyung.com
