Se vende en Antananarivo, la capital de Madagascar, una motocicleta de alta cilindrada. Es una BMW K75 de color rojo y con 750 centímetros cúbicos. Es un modelo antiguo de los años 90. Esta motocicleta ya no se fabrica y llega a la isla africana de segunda o tercera mano desde Europa, donde hace tiempo que se deshacen de ellas. De hecho, esa motocicleta en particular ya debería estar destruida. Porque lo que desconoce su nuevo dueño es que está conduciendo una antigua BMW de la Policía Foral de Navarra. Un vehículo que ha llegado a África de manera ilegal, enviado por los miembros de una red criminal que operaba desde un desguace de Madrid y que acaba de ser desmantelada por la Guardia Civil. Motos rojas de la policía de Navarra, blancas y azules de sus homólogos de la Policía Local de Madrid o amarillas de Correos. Son algunas de las unidades que este grupo delictivo declaraba como fuera de uso y destruidas. Luego las restauraban, les alteraban el chasis (como a cualquier vehículo robado) y las vendían en países europeos y africanos. El periódico El Español ha hablado con la Guardia Civil sobre la ‘Operación Injini’, una intervención en la que se detuvo a un total de 25 personas pertenecientes a una banda que tenía su base de operaciones en un desguace legal. Un Centro Autorizado para el Tratamiento (CAT) de vehículos ubicado en el polígono Aimayr de la carretera M-841, en San Martín de la Vega. De Polonia a Mauritania. La organización utilizaba una red de empresas relacionadas con la gestión de este tipo de vehículos, principalmente motocicletas y ciclomotores, distribuidas en varias provincias españolas, para exportarlos ilegalmente como vehículos de segunda mano a tres países europeos (Italia, Portugal y Polonia) y a cinco africanos: Marruecos, Senegal, Nigeria, Mauritania y Madagascar, según ha informado la Guardia Civil, que agrega que algunas piezas también se comercializaban en territorio español. Esta empresa habría estado adquiriendo motocicletas y ciclomotores dados de baja. Al considerarse residuos peligrosos, simulaban tramitar su supuesta gestión como residuos. Pero en lugar de descontaminarlos y venderlos por piezas, eran exportados como vehículos de segunda mano. Eran transportados completos y se declaraban como artículos de segunda mano, evitando así las prohibiciones de exportación para residuos peligrosos. Los vehículos se adquirían como residuos a precios muy bajos y se vendían sin sufrir ningún tipo de tratamiento como vehículos de segunda mano, lo que aumentaba considerablemente los beneficios. Además, estos servicios no se declaraban como parte de la actividad legal de la empresa, lo cual defraudaba a la hacienda pública y aumentaba las ganancias. Jerarquías. Esta banda, a la que se le han incautado cuatro armas de fuego, contaba con una estructura criminal perfectamente organizada y jerarquizada, en la cima de la cual se encontraban dos administradores de la empresa, responsables de dirigir, coordinar y planificar todas las actividades irregulares. Bajo sus órdenes había otras dos personas encargadas de tareas administrativas y de cobro. Su trabajo era fundamental debido al gran número de vehículos que ingresaban al CAT, para registrar, estructurar y contabilizar las diferentes partidas. Se ha constatado que existían dos contabilidades: una oficial y otra oculta, esta última utilizada para obtener beneficios sin contribuir con los impuestos requeridos por la normativa fiscal. Un tercer escalón, también dentro de la empresa, estaba formado por 10 operarios encargados de manipular los residuos, eliminando los números de chasis y las placas de matrícula de las motocicletas para que no pudieran ser relacionadas con el CAT luego de su venta, ni con su correspondiente Certificado de Destrucción, ya que algunas de las motocicletas incluso provenían de robos. El último elemento estaba compuesto por una serie de clientes y transportistas encargados de adquirir y transportar estos vehículos de manera ilícita. Esta red de proveedores habría aportado al núcleo central de la banda cerca de 300 toneladas de motocicletas y ciclomotores al final de su vida útil (algunos de ellos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), sin tratamiento y sin autorización, sin cumplir con los trámites obligatorios. Explotación laboral. También se investigó a la empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que parte de la plantilla eran operarios sin contrato laboral. La mayoría de los pagos se realizaban en efectivo y sin facturas. Además, habían almacenado un gran número de residuos peligrosos en parcelas sin autorización, excediendo el tiempo máximo permitido para este tipo de almacenamientos. Esta práctica irregular habría generado un alto nivel de lucro para los miembros de la organización, quienes disfrutaban de un nivel de vida alto y habían adquirido numerosos bienes muebles e inmuebles, aperturas de fondos de inversión y vehículos de alta gama, además de ser utilizados como capital social en la creación de otras personas jurídicas que formaban parte de la estructura corporativa. Se han identificado activos por valor de 5 millones de euros, que actualmente están bajo control judicial. La investigación se ha saldado con la detención de 25 personas físicas y la investigación de otras 5 personas jurídicas. En la investigación económica asociada, se ha verificado que, solo durante el tiempo que ha durado la investigación, la organización criminal habría obtenido un beneficio ilícito de más de medio millón de euros. En los diferentes registros se ha intervenido una gran cantidad de material documental e informático para su análisis, cerca de 4.000 euros en efectivo y una máquina para contar billetes, además de varias armas y municiones. A los detenidos se les imputan varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, entre otros.
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2023-09-12 08:35:51
