El Gobierno peruano solicitó al Congreso tramitar con carácter de muy urgente un paquete de facultades legislativas que incluye declarar organizaciones terroristas a bandas criminales y reformar el sistema de inteligencia, tras una reciente ola de violencia en Trujillo que dejó cuatro muertos y un secuestro.
Las facultades solicitadas y el debate en el Congreso
El Consejo de Ministros aprobó el jueves 27 de agosto de 2026 un proyecto de ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo por un plazo de 120 días, el cual fue enviado al Parlamento el viernes 28. La iniciativa, que fue anunciada originalmente el 28 de julio por la presidencia durante su mensaje a la Nación, requerirá primero el debate y la aprobación de la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado.
Para conocer el alcance de las medidas, el Ejecutivo adjuntó una exposición de motivos de más de 400 páginas que detalla modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal, al sistema penitenciario y al marco de intervención de las Fuerzas Armadas. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, sostuvo que la iniciativa otorgará el respaldo legal necesario a las fuerzas del orden para actuar de manera conjunta frente a la criminalidad.
Propuesta para calificar a bandas criminales como terroristas y grupos hostiles
El núcleo de la propuesta en seguridad consiste en establecer un marco legal que permita clasificar como organizaciones terroristas a aquellas estructuras delictivas que empleen el terror y la violencia extrema. La exposición de motivos cita explícitamente a redes transnacionales como El Tren de Aragua
y facciones vinculadas como Los Gallegos
y Los Hijos de Dios
.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, precisó durante una entrevista televisiva que su gestión busca un cambio normativo para denominar grupos hostiles
a las organizaciones criminales que utilizan armamento de guerra y explosivos en áreas urbanas. Actualmente, esta categoría jurídica está restringida a los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem y a las disidencias de las FARC en la zona del Putumayo.
«Tenemos en el orden interno organizaciones criminales transnacionales como El Tren de Aragua y Los Gallegos, entonces lo que nosotros estamos buscando en una de las medidas es ampliar el criterio que se necesita para denominar a estos grupos, hostiles. Grupos hostiles es la categoría que el Ministerio de Defensa necesita para que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra ellos como si fueses objetivos militares.»
Rafael Belaúnde Llosa, Ministro de Defensa (según El Peruano)
El titular del Mindef explicó que esta habilitación legal es indispensable para que las Fuerzas Armadas puedan desplegar inteligencia militar y ejecutar operaciones especiales más quirúrgicas contra organizaciones como Los Pulpos, Los Choneros y el Comando Vermelho, vinculadas también a economías ilegales como la minería ilegal en Pataz.
Intervención militar en penales y controles perimétricos
A raíz de las investigaciones sobre el reciente secuestro de un empresario en Trujillo —coordinado presuntamente desde el interior de un centro penitenciario por un sujeto identificado con el alias de John Pulpo
—, el Ejecutivo planea reforzar la seguridad carcelaria mediante la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en el perímetro de los penales.
El plan contempla la instalación de retenes militares externos equipados con escáneres corporales y detectores de metales por los cuales deberán pasar obligatoriamente personal administrativo, visitas, abogados y proveedores. Si nosotros evitamos que ingrese contrabando al penal, como chips o celulares, vamos a dar un golpe importante contra la extorsión
, afirmó el ministro Belaúnde Llosa en su declaración a la emisora estatal.
Fortalecimiento del sistema de inteligencia y otras reformas
El paquete normativo enviado al Congreso contempla además la modificación del marco regulatorio del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Las medidas buscan optimizar el rastreo, la geolocalización y el bloqueo de terminales móviles utilizados de forma ilícita por las redes criminales.
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