Una jueza federal en California ordenó este viernes al gobierno de Donald Trump detener las amenazas de procesos penales y las presiones contra los funcionarios electorales estatales y locales, en medio de disputas sobre los requisitos para votar a pocos días de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026.
La magistrada de distrito Trina Thompson emitió una orden de amplio alcance que prohíbe cualquier acción destinada a intimidar a los trabajadores encargados de administrar los comicios. La medida judicial frena los intentos de la administración de obligar a las oficinas electorales a apartar o dejar de procesar papeletas de votantes registrados que el gobierno federal señala como posibles ciudadanos extranjeros.
Cartas de advertencia del Departamento de Justicia y visitas con agentes armados en California
Judge Orders Trump DOJ to Stop Threatening Election Workers
Las tensiones escalaron en las semanas previas a las urnas cuando el Departamento de Justicia (DOJ) envió comunicaciones a los responsables de los condados. En California, el primer fiscal federal adjunto Bilal Essayli remitió notificaciones a 57 de los 58 condados del estado, exigiendo la revisión de listas con 1,133 personas, probablemente extranjeras, registradas como votantes.
Los requerimientos incluían plazos estrictos de 48 horas para entregar información confidencial, además de la advertencia de que las consecuencias legales por ignorar delitos federales eran significativas. Poco después, funcionarios armados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se presentaron ante oficinas locales para exigir el aislamiento físico de los votos por correo bajo sospecha.
Bilal Essayli, primer fiscal federal adjunto, via Telemundonuevomexico
Los fallos de los tribunales frente a los intentos de exclusión electoral
La intervención judicial responde a una demanda presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) junto a organizaciones de derechos civiles. Los gremios denunciaron que las presiones impedían cumplir con la legislación electoral vigente y ponían en riesgo los derechos de los electores legítimos.
La jueza Thompson argumentó que, aunque el Ejecutivo defiende sus medidas como un mecanismo contra el sufragio ilegal, esas acciones interfieren en la administración electoral y amenazan con privar del voto a ciudadanos autorizados. Paralelamente, otros tribunales han frenado iniciativas similares del gobierno, incluido el rechazo de una petición para anular 20,000 votos en California y decisiones similares de tribunales de apelaciones.
Trina Thompson, jueza de distrito de EEUU, via Telemundonuevomexico
Vigencia de la medida judicial y el trasfondo de las denuncias sobre el voto postal
JUDGE BLOCKS TRUMP: STOP THREATENING ELECTION OFFICIALS
La orden emitida por el tribunal federal se mantendrá activa hasta el próximo 16 de noviembre, abarcando el periodo crítico posterior a la jornada electoral del martes. Las maniobras legales del gobierno forman parte de una campaña prolongada impulsada por Donald Trump para cuestionar la seguridad del voto por correo y denunciar un supuesto fraude generalizado por parte de no ciudadanos.
Diversas investigaciones y registros históricos contrastan con las afirmaciones del Ejecutivo sobre la magnitud del problema. Los datos de la base de la Heritage Foundation recopilados entre 2005 y 2025 documentan únicamente 24 condenas de personas no ciudadanas por emitir sufragios en todo el país. Tras conocerse las decisiones judiciales, el mandatario criticó los fallos a través de sus redes sociales y reiteró su compromiso con la defensa de la integridad en los procesos de votación.
Judge Blocks Trump: Stop Threatening Election Officials Before Midterms
