Una petición de revisión presentada ante la Corte Suprema solicitó la revisión de una sentencia de la Sala Constitucional que anuló el plan de bonos electorales “alegando una violación ficticia de los derechos fundamentales”.
La petición decía que el Parlamento, donde el abogado peticionario Mathews J. Nedumpara estaba “simbólicamente presente”, había iniciado el plan mediante una enmienda a la Ley de Finanzas para frenar el dinero negro.
Aunque admitió que el plan no habría erradicado por completo el dinero negro, el peticionario afirmó que, no obstante, había aportado “algún elemento de transparencia” al respetar la confidencialidad sobre los donantes.
En su sentencia de marzo, la Sala Constitucional había sostenido que el plan violaba el derecho del público a saber sobre la financiación política y la libertad de expresión. Dio a los grandes contribuyentes y a las corporaciones gigantes un lugar destacado en la mesa del banquete al promover una cultura del quid pro quo. El plan había revelado el profundo nexo entre los partidos políticos y los grupos de presión con mucho dinero.
Pero la petición de revisión argumentaba que “el plan de bonos electorales no es de ninguna manera un mecanismo perfecto, sin embargo, pertenece al ámbito de la política legislativa que refleja la voluntad del pueblo”.
La Corte Suprema actuó como autoridad de apelación sobre el Parlamento, sustituyendo su sabiduría en un asunto que es competencia exclusiva de la política legislativa y ejecutiva.
La declaración decía que el tribunal no se dio cuenta de que “la opinión pública podría estar profundamente dividida y la mayoría de la gente de este país probablemente podría apoyar el plan”.
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2024-04-15 06:11:00
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