Con más de 2,1 millones de firmas recogidas en pocos días, la petición contra la ley Duplomb inicialmente captó la atención pública. Sin embargo, casi ocho meses después de convertirse en un tema recurrente en el debate político del verano de 2025, esta petición parece haber perdido fuerza. Tal es la dinámica de los mecanismos de la Va República, un sistema que genera desconfianza.
Este miércoles se llevará a cabo una discusión en la Asamblea Nacional sobre esta ley, redactada el año pasado por Laurent Duplomb, senador de Las Republicanas y representante de la industria agroalimentaria. La normativa autoriza retrocesos ambientales significativos, la construcción de nuevas mega-reservas de agua y la instalación de macrogranjas. Según advirtió Yaël Braun-Pivet, presidenta macronista de la Asamblea Nacional el 21 de julio, el debate no tendrá efectos legislativos reales: “en ningún caso se podrá volver sobre el texto ya votado”.
Precisamente, la falta de impacto real fue la intención detrás del diseño de esta forma de participación ciudadana institucionalizada, ajena al proceso electoral. “En 2008, gran parte de la clase política aún sufría el trauma de 2005: un referéndum puede dar un resultado contrario al deseado,” explica el constitucionalista Benjamin Morel. “Se concibió entonces el referéndum de iniciativa ciudadana (RIC) para que nunca fuera efectivo, una verdadera máquina burocrática.”
Ningún RIC puede referirse a una ley aprobada en el año anterior. Dado que la ley Duplomb fue adoptada el 8 de julio, “los ciudadanos se ven obligados a recurrir a la petición, un mecanismo marginal cuya utilidad se limita a ser un testimonio,” señala Benjamin Morel.
No obstante, a nivel institucional, la petición sigue siendo una herramienta valiosa para movilizar y alertar a la opinión pública. Se requieren 500.000 firmas para obligar a una comisión parlamentaria a considerar una petición. Sin embargo, la comisión tiene la libertad de examinarla o ignorarla, como ocurrió con el texto relativo a la disolución de la Brav-M, una unidad policial implicada en numerosos casos de violencia policial.
«¡No, es no, Sr. Duplomb!»
La petición contra la ley Duplomb logró avanzar hasta llegar al hemiciclo. Sin embargo, su recorrido institucional se detendrá aquí. “Me hubiera gustado que, cuando una petición supera un determinado umbral de firmas, se pudiera someter la ley a votación nuevamente. Sería un ejercicio democrático más completo,” lamenta Stéphane Peu, presidente comunista del grupo GDR.
Por su parte, la industria agroalimentaria y sus aliados políticos ya han superado el debate parlamentario. Están proyectando un proyecto de “ley de urgencia” gubernamental para responder a la ira de los agricultores. Incluso, como provocación, el senador Duplomb ha presentado una segunda ley, a pesar del veto del Consejo Constitucional, para reintroducir pesticidas prohibidos, incluido el acetamipride.
“Estamos hablando de una sustancia que provoca malformaciones cerebrales en los niños,” recuerda la diputada insumisa Aurélie Trouvé. “Todo esto es una capitulación ante el agronegocio. Es un trumpismo absoluto, es decir, la negación de la democracia y la negación de la ciencia.”
Benjamin Lucas, portavoz del grupo Ecológico y Social, añade: “O al Sr. Duplomb le gusta la idea de envenenar a la gente con pesticidas, o está sometido a los lobbies de la agroquímica.” Una nueva petición fue presentada el 2 de febrero en el sitio web de la Asamblea: “¡No, es no, Sr. Duplomb!”. El martes, a las 16:00 horas, había reunido apenas más de 70.000 firmas.
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