El oro, motor de una economía ilícita en el Sahel
En las tierras del Sahel, el oro ha alcanzado un valor sin precedentes. Lo que comenzó como una actividad minera de subsistencia para la población local se ha transformado en una vasta economía ilegal, donde convergen el crimen organizado internacional y grupos yihadistas. A medida que proliferan los pozos de extracción aurífera, las rutas de este mineral se confunden con las del crimen organizado, creando una peligrosa intersección entre redes económicas y grupos armados. Esta situación ha convertido al oro en un recurso estratégico no solo para los delincuentes, sino también para financiar la violencia y el crecimiento del terrorismo, generando un sistema que desestabiliza a los estados y conecta el Sahel con los mercados globales.
El comercio de minerales y piedras preciosas carece de un marco regulatorio específico, lo que lo convierte en una industria vulnerable a problemas éticos, ambientales y laborales, incluyendo la explotación de trabajadores, a menudo menores de edad, y condiciones laborales extremas. En muchos casos, estas prácticas facilitan el lavado de dinero de manera más eficiente que otros métodos, causando daños irreparables al medioambiente, el desplazamiento de comunidades, la contaminación de fuentes de agua potable y la violación de las leyes.
La minería ilegal no es solo una cuestión económica; también perjudica los ecosistemas, fomenta las economías criminales y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de los recursos naturales. Esta actividad genera consecuencias negativas para el medio ambiente, los hábitats, la población humana y animal, las comunidades indígenas y sus medios de vida, la salud pública, los sistemas económicos, el desarrollo y el estado de derecho. Los involucrados suelen utilizar equipos, artefactos y productos químicos perjudiciales para el medio ambiente, poniendo en riesgo su propia salud y causando graves daños al entorno.
El Sahel, que comprende países como Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso y Chad, se beneficia de sus importantes yacimientos minerales, especialmente oro y uranio, además de reservas de hidrocarburos. Sin embargo, esta riqueza ha sido transformada en el eje de una economía ilícita integrada en las dinámicas del crimen organizado internacional.
Pobreza y terrorismo, un círculo vicioso
A pesar de la abundancia de oro, las poblaciones locales apenas se benefician de esta riqueza. La mayor parte de los ingresos generados se concentra en manos de élites, alimentando la corrupción y la desigualdad estructural, un fenómeno conocido como la “maldición de los recursos naturales”. Según datos de Naciones Unidas, más del 84% de la población de Chad vive en la pobreza, y alrededor del 53% en Senegal. El desempleo es un problema significativo en Níger, donde alcanza el 33%.
Burkina Faso, Malí y Níger se encuentran entre los 10 países más afectados por el terrorismo, según el Global Terrorism Index (GTI) de 2024. El GTI se basa en cuatro indicadores: incidentes, víctimas mortales, heridos y rehenes. Burkina Faso ocupa el primer lugar, con una puntuación de 8,5 y 111 incidentes; Malí se sitúa en tercer lugar, con una puntuación de 7,9 y 201 incidentes; y Níger registra una puntuación de 7,7 y 101 incidentes. Las actividades terroristas son llevadas a cabo principalmente por dos grupos predominantes en el Sahel: Jama’at Nusrat al islam wa ak Muslimeen (JNIM), una filial de Al Qaeda, y el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), que opera como la filial local sahariana del Estado Islámico.
Una conexión perniciosa
La expansión de la minería ha multiplicado los yacimientos informales en Malí, Burkina Faso y Níger. Las redes criminales se entrelazan en toda la cadena de suministro: financian a intermediarios, expulsan a cooperativas rivales y mezclan el oro ilegal con la producción formal antes de exportarlo a refinerías fuera de África, donde el metal pierde su trazabilidad.
Es en este punto donde se cruzan los dos mundos: las redes del crimen organizado proporcionan la infraestructura transnacional, el comercio y el contrabando, mientras que los grupos yihadistas ofrecen protección territorial a cambio de una parte de las ganancias. De esta manera, el oro se convierte en una moneda de intercambio entre ambas partes.
Aunque el crimen organizado y el terrorismo yihadista difieren en sus motivaciones y métodos, ambos convergen funcionalmente en torno al oro, basándose en una cooperación pragmática. El resultado es una economía ilícita híbrida que fortalece a ambos actores y debilita aún más la autoridad estatal en el Sahel.
La región ofrece un entorno ideal para que las organizaciones criminales y los grupos terroristas operen con libertad, adaptando sus actividades ilegales a las condiciones locales y a la demanda internacional de recursos, expandiendo su territorio y controlando las rutas comerciales.
Es importante destacar que el fenómeno de la minería ilegal no puede entenderse únicamente como un problema de gobernanza interna, sino también como un asunto transfronterizo que convierte a la región en un punto estratégico dentro de las nuevas economías del crimen. El oro extraído en zonas bajo control yihadista se traslada por rutas complejas que lo conectan con el sistema financiero internacional. Investigaciones demuestran que el metal, mezclado con cierta producción legal, es exportado a refinerías en países como Dubái o Suiza, donde pierde su trazabilidad, convirtiéndose en un activo seguro, portátil y anónimo, muy valorado para el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Así, el oro procedente del Sahel no solo financia la violencia a nivel local, sino que también alimenta flujos de capital ilegal que cruzan fronteras y terminan integrándose en la economía formal mundial.
Aunque los grupos yihadistas controlan parte de la extracción y aplican impuestos sobre la producción, el oro sigue siendo un recurso que trasciende las estructuras nacionales. Las redes criminales internacionales intervienen en las fases posteriores: compran el mineral a intermediarios locales, lo transportan a mercados regionales como los de Bamako o Lomé, y lo exportan a refinerías en Dubái o Estambul, donde se blanquea e integra en los circuitos legales.
La convergencia entre el crimen y el terrorismo no implica una fusión, sino una cooperación que ha creado un ecosistema ilícito que sustituye al Estado en la provisión de seguridad y recursos, debilitando la gobernanza y perpetuando la inestabilidad.
Esta articulación económica y política produce una simbiosis: los grupos armados obtienen recursos y control territorial, mientras que las redes criminales logran acceso seguro a las materias primas y a los canales de internacionalización. El Estado, por su parte, queda desplazado en la provisión de seguridad y regulación, resultando en una estructura criminal que opera como plataforma de financiación y logística para la violencia.
Este fenómeno tiene importantes repercusiones geopolíticas, ya que el Sahel se perfila como una región de gran interés para potencias externas como la Unión Europea, Rusia y China, en el marco de la competencia por recursos estratégicos y la transición energética, lo que fortalece la conversión de los recursos naturales en instrumentos de control y dependencia, convirtiendo al oro en un medio de influencia a nivel internacional.
La cooperación, clave para superar el problema
Más allá del Sahel, este fenómeno refleja una transformación estructural del crimen internacional: su creciente integración en los flujos globales de comercio y finanzas. El oro ilegal circula dentro del sistema económico mundial. En este sentido, el Sahel funciona como un laboratorio para el nuevo crimen global, en el que los recursos naturales reemplazan a las armas y las drogas como fuente de poder.
La única manera de romper el ciclo en el que los recursos naturales del Sahel alimentan la violencia, en lugar de garantizar la paz, es a través de una acción conjunta que integre transparencia, seguridad y desarrollo. Esta acción común podría combinar a los gobiernos de la región, las organizaciones continentales (como la Unión Africana) y las diversas organizaciones internacionales, comenzando por la ONU, teniendo en cuenta la opinión de las comunidades locales.
Esta cooperación debería ayudar a la trazabilidad del oro mediante sistemas transparentes, la actuación de fuerzas conjuntas y coordinadas que puedan restablecer y asegurar la seguridad en la región, y la promoción de economías alternativas que ayuden al desarrollo de las comunidades y reduzcan así la dependencia de la minería ilícita. Solo así se podrá debilitar la convergencia entre la economía ilícita, las redes criminales y los grupos yihadistas que actualmente persisten en el Sahel.
