Posible cierre del gobierno de Estados Unidos: Impacto en los programas de asistencia social

El próximo sábado 18 de noviembre de 2023, el gobierno de los Estados Unidos dejará de operar si no se aprueba el presupuesto nacional. Los beneficiarios de la Seguridad Social están preocupados por el impacto que esto podría tener en sus programas. Los fondos federales del próximo año deben ser autorizados por el Congreso para que continúen operando varios servicios y asistencias económicas. Sin embargo, cerca de 68 millones de estadounidenses que están jubilados continuarán recibiendo sus beneficios mensuales.

Otros programas como Medicare y Asuntos de Veteranos también seguirán activos. Entre las áreas que podrían experimentar dificultades se encuentran la asistencia profesional, el cuidado de los ancianos y otras operaciones.

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) se quedará sin recursos para sus beneficiarios. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) tendrá un mes de apoyo garantizado, pero luego cesará sus operaciones.

Los congresistas no llegan a un acuerdo

Los congresistas del país deben llegar a un consenso el viernes por la noche para asegurar que muchos trabajadores y funciones gubernamentales reciban el financiamiento necesario. El cierre del gobierno tendrá consecuencias negativas para los estadounidenses con dificultades económicas.

Estos ciudadanos dejarán de recibir el apoyo federal en términos financieros y alimenticios. Los efectos de esta situación serán evidentes a medida que pasen los días sin que el Congreso de la nación llegue a una solución favorable.

Los programas tendrán que buscar presupuestos de emergencia para asegurar su funcionamiento hasta que se resuelva el problema. El personal militar está en riesgo de trabajar sin recibir remuneración.

Estos trabajadores del ejército recibirán su pago retroactivamente una vez que el gobierno regrese a sus actividades habituales. Durante los años 2018 y 2019, el gobierno federal estuvo en un cese de actividades obligatorio durante 35 días.

Este tiempo representó uno de los cierres más prolongados en 40 años, dejando a alrededor de 380,000 empleados federales sin trabajo.