Para restablecer la confianza de las usuarias, existen medidas individuales que pueden tomarse –como la minimización de datos, el bloqueo de rastreadores y la elección de aplicaciones que respeten la privacidad–, pero estas resultan insuficientes. Canadá necesita urgentemente modernizar su marco legal. La reforma debe regular estrictamente las transferencias internacionales de datos y clasificar los datos de salud reproductiva como “sensibles”, requiriendo un consentimiento explícito para cualquier uso comercial.
Asimismo, es crucial dotar a la Comisión de Protección de la Privacidad de poderes de sanción reales, incluyendo multas significativas, para pasar de las recomendaciones a acciones coercitivas.
Los recientes escándalos relacionados con las empresas de tecnología femenina (Femtechs) han generado una pérdida de confianza y han puesto de manifiesto la fragilidad de la soberanía digital canadiense frente a las estructuras estadounidenses. Modernizar la ley federal LPRPDE no es un lujo, sino una necesidad urgente para proteger la dignidad, la salud pública y los derechos a la privacidad de las ciudadanas. Mientras la reforma federal siga pendiente, los datos íntimos de millones de canadienses podrían ser explotados con fines comerciales o transferidos a las fuerzas del orden de jurisdicciones donde el derecho al aborto está restringido.
Por lo tanto, es imperativo que el gobierno federal actúe para reformar la ley federal, ya que la salud de las mujeres, que ya enfrenta desigualdades sistémicas, no debe convertirse en una fuente adicional de vulnerabilidad legal.
