Rui Moreira afirma que los ciudadanos de Oporto son una prioridad en el acceso a la vivienda social.

El ejecutivo de la Cámara de Oporto rechazó este lunes una propuesta del BE para revisar las condiciones y criterios de acceso al parque público de viviendas, y el alcalde defiende que la prioridad son los portuenses.

La propuesta, discutida en reunión privada y rechazada con votos en contra por los concejales del PS, PSD y el movimiento independiente de Rui Moreira, pretendía revisar el Reglamento de Gestión del Parque Municipal de Vivienda de Porto para “garantizar la legalidad del reglamento” en las condiciones de acceso “sin exclusiones más penalizadoras que la ley general”.

A los periodistas, al margen de la reunión, el alcalde de Oporto, Rui Moreira, afirmó que, basándose en las opiniones del municipio, “no hay nada inconstitucional en el reglamento” que gestiona el parque público de viviendas, pero que, De existir inconstitucionalidad, el municipio deberá “solicitar un cambio legislativo”.

Rui Moreira destacó, sin embargo, que el municipio no cambiará los criterios ni las condiciones de acceso al parque público de viviendas.

“Entiendo la posición que defiende el Bloque de Izquierda respecto al acceso a un derecho constitucional a la vivienda, pero para ello debe hacerse a través de instrumentos del Estado. El Estado tiene algo que se llama IHRU [Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana] y, por lo tanto, debe ser a través del IHRU que se debe realizar esta compensación”, afirmó.

Para el alcalde, las inversiones del municipio en el parque de viviendas públicas deben dar “prioridad a los portuenses”.

Por BE, la concejala María Manuel Rola, que en la reunión reemplazó a Sérgio Aires, sostuvo que la propuesta tiene como objetivo garantizar que los necesitados “no queden fuera de la lista para acceder a la vivienda pública” en la ciudad.

“Es cierto que hay que garantizarlo [o acesso a habitação] a nivel nacional y BE ha llevado a cabo esta lucha, pero también debe garantizarse a nivel de la ciudad de Oporto y de otras ciudades donde la gente trabaja y vive”, afirmó, preguntando si las personas que viven en Oporto desde hace tres años tienen menos derecho que otros que han vivido cinco años a recibir una vivienda social.

“Entendemos que es un criterio muy dudoso”, añadió.

Al igual que BE, la concejal de la CDU, Ilda Figueiredo, sostuvo que la normativa “debe mejorarse”, especialmente en lo que respecta a la exigencia de residir en Oporto durante cuatro años para acceder a la vivienda pública.

“Seguimos considerando que es excesivo”, afirmó el concejal.

El concejal socialista Tiago Barbosa Ribeiro consideró que no hay “problemas legales” en la normativa del municipio y sostuvo que la supresión de estos criterios “sería pretenciosa” para la gestión del parque de viviendas.

“Si suprimiésemos directamente cualquier tipo de criterio de residencia en el acceso a la vivienda, estaríamos creando una externalidad negativa respecto a otros municipios, que ya no tendrían ningún incentivo para realizar esta inversión en vivienda social”, ha resaltado.

El concejal socialdemócrata Alberto Machado también se mostró en desacuerdo con la posición de BE al considerar que el reglamento “se ajusta a la ley” y “está bien redactado”.

“Tiene en su matriz un conjunto de criterios que el ayuntamiento considera válidos para puntuar a los ciudadanos según sus necesidades”, señaló, añadiendo que el municipio de Oporto no puede, después de la inversión realizada en viviendas sociales, “utilizar los impuestos de Oporto vecinos para dar viviendas sociales a personas que no son de aquí”, argumentando que debe haber “prioridades”.