Un médico de California se ha convertido esta semana en el primer profesional de la salud demandado bajo una nueva ley de Texas que permite a ciudadanos particulares iniciar acciones legales civiles contra cualquier persona que proporcione medicamentos para el aborto en el estado.
La demanda, presentada inicialmente en un tribunal federal de Texas en julio de 2025, fue interpuesta por Jerry Rodriguez, quien alega que la doctora Remy Coeytaux, del área de la Bahía de San Francisco, violó las leyes de Texas que prohíben a cualquier médico que no tenga licencia en Texas proporcionar medicamentos para inducir el aborto. Según la demanda, Coeytaux envió medicamentos para interrumpir los embarazos de la novia de Rodriguez en dos ocasiones: una en 2024 y otra a principios de 2025.
Rodriguez afirma en la demanda, que alega muerte injusta, que las píldoras fueron solicitadas por el esposo separado de su novia, quien luego la presionó para que las tomara y terminara los embarazos. El abogado Jonathan Mitchell, quien representa a Rodriguez, presentó una demanda enmendada solicitando una orden judicial para prohibir a Coeytaux enviar píldoras a Texas bajo la Ley del Senado 7, que permite a los ciudadanos particulares demandar a cualquier persona que “fabrique, distribuya, envíe por correo, transporte, entregue, recete o proporcione” píldoras abortivas a los texanos.
La ley permite a los ciudadanos particulares demandar a los médicos para obtener una indemnización por las píldoras enviadas después de que la ley entró en vigor y solicitar una orden judicial contra cualquier persona que tenga la intención de distribuir dichas píldoras en Texas.
La ley de Texas, conocida como la Ley de Protección de la Mujer y el Niño, entró en vigor en diciembre e inmediatamente generó críticas de legisladores y activistas demócratas, quienes expresaron su preocupación de que la ley intente anular las leyes de aborto de otros estados, ya que se dirigiría principalmente a los proveedores fuera del estado.
La demanda enmendada representa otro frente en la creciente batalla entre los estados conservadores y liberales por el acceso al aborto en la era posterior a Roe contra Wade. Después de que la Corte Suprema revocara Roe contra Wade en 2022, el uso de píldoras abortivas aumentó drásticamente, con mujeres de estados republicanos donde el acceso al procedimiento estaba restringido buscando las píldoras de proveedores fuera del estado.
“La demanda, y otras como ella, tienen como objetivo forzar este tema a los tribunales federales y obtener que los tribunales federales se pronuncien sobre la cuestión de qué sucede con las leyes estatales conflictivas relacionadas con la atención del aborto”, dijo Diana Kasdan, directora legal y de políticas del Centro de Salud Reproductiva, Derecho y Política de UCLA. “Estas preguntas han estado ahí por mucho tiempo”.
Aunque algunos partidarios vieron la revocación de Roe contra Wade como una forma de resolver el debate sobre el aborto al permitir que los estados dicten su propia política, la realidad es que la medida desencadenó enfrentamientos entre estados que eventualmente deberán ser resueltos por los tribunales, dijo Mary Ziegler, profesora de derecho en UC Davis.
“La Ley del Senado 7 por sí sola no elimina estas tensiones ni determina que Texas vaya a ganar estos conflictos. Simplemente está destinada a ser más munición para esa batalla entre los estados”, dijo Ziegler.
Por ahora, la lucha continúa. A medida que los estados donde el aborto está prohibido buscan dificultar el acceso, estados como California y Nueva York han aprobado leyes de protección para proteger a los médicos de investigaciones y enjuiciamientos de otros estados, así como de medidas disciplinarias profesionales y responsabilidad civil por recetar píldoras a mujeres que las buscan de todo el país.
Aún así, algunos estados con mayoría republicana que han prohibido el aborto han intentado disciplinar a los médicos para disuadirlos de proporcionar dichos medicamentos. Los opositores afirman que la Ley del Senado 7 de Texas incentiva las demandas civiles contra los profesionales que recetan medicamentos para el aborto a las mujeres a través de la telemedicina.
En 2025, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, envió una carta de cese y desistimiento a Coeytaux, amenazando con procesar al médico si no dejaba de enviar medicamentos para inducir el aborto al estado.
A principios de este mes, la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, anunció una acusación contra Coeytaux, presuntamente por “traficar” píldoras abortivas ilegales en violación de la ley estatal. “Esto no es atención médica; es tráfico de drogas”, escribió Murrill en un comunicado de prensa.
El gobernador de California, Gavin Newsom, respondió negándose a la solicitud de Louisiana de extraditar a Coeytaux al estado para enfrentar cargos penales.
“Mi postura sobre esto ha sido clara desde 2022: no permitiremos que políticos extremistas de otros estados interfieran en California e intenten castigar a los médicos basándose en acusaciones de que brindaron servicios de atención reproductiva. Ni hoy, ni nunca”, dijo Newsom.
No se pudo contactar a Coeytaux para obtener comentarios el martes.
La demanda civil presentada en Texas contra Coeytaux parece buscar sanciones monetarias en virtud de la Ley del Senado 7. La demanda establece que si se descubre que Coeytaux proporcionó medicamentos para inducir el aborto a alguien en Texas después de que la ley entró en vigor, entonces Rodriguez buscará recuperar al menos $100,000 por cada una de las violaciones.
Rodriguez también le pide al tribunal que bloquee a Coeytaux para que no presente una contrademanda en virtud de la ley de protección de California, que permite a las personas recuperar daños y honorarios de abogados de cualquiera que presente una acción civil contra ellas por brindar atención reproductiva que sea legal en California.
“Uno de los argumentos para revocar Roe fue que los tribunales federales iban a ser eliminados de la ecuación porque eran menos representativos y democráticos que las legislaturas estatales. Pero, por supuesto, cuando los legisladores estatales y los tribunales estatales están luchando entre sí, las personas que van a intervenir para resolver esos conflictos son los mismos jueces federales”, dijo Ziegler.
Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, que representa a Coeytaux, dijo que la nueva ley de Texas es “una de las muchas destinadas a cortar el acceso a las píldoras abortivas, que son un salvavidas para las mujeres en la América posterior a Roe”.
“Los opositores al aborto han lanzado un ataque a gran escala contra las píldoras abortivas: en los tribunales, en las legislaturas y dentro de la FDA. La gente debe darse cuenta de que el movimiento antiaborto está haciendo todo lo posible para que el mifepristone sea retirado del mercado a nivel nacional o sea mucho más difícil de conseguir”, dijo Northup.
