COLUMBUS, Ohio – La constitucionalidad de dos de los cinco programas de vales escolares privados de Ohio está siendo evaluada en los tribunales, pero el estado no es el único que proporciona fondos públicos a escuelas privadas. Trece estados, así como Washington, D.C., y Puerto Rico, cuentan con programas de vales, según la organización EdChoice, que promueve las opciones escolares y los vales educativos.
Ohio destaca por tener el mayor número de programas de vales en comparación con otros estados. Algunos, como Louisiana, Oklahoma y Utah, ofrecen múltiples opciones de becas.
Los estados con programas de vales son: Georgia, Indiana, Louisiana (dos programas), Maine, Maryland, Mississippi (dos programas), New Hampshire, North Carolina, Oklahoma (tres programas), Utah (tres programas), Vermont y Wisconsin (cuatro programas).
En Ohio, un juez del condado de Franklin dictaminó el pasado mes de junio que dos programas de vales –EdChoice y EdChoice-expansion– violan la constitución estatal. Sin embargo, la implementación de esta decisión se ha suspendido a la espera del proceso de apelación, que actualmente se encuentra en la Corte de Apelaciones del Distrito 10 de Ohio, con sede en Columbus.
En juego se encuentran cientos de millones de dólares en fondos educativos anuales y los programas EdChoice, que benefician a 127.000 estudiantes. Tanto el estado como las familias que utilizan las escuelas privadas buscan que la corte de apelaciones revoque el fallo del tribunal inferior.
Por otro lado, una coalición de más de 100 distritos escolares argumenta que los programas EdChoice desvían fondos de las escuelas públicas y contravienen la constitución de Ohio, que exige la financiación de un sistema de escuelas comunes “completo y eficiente”.
El fiscal general de Ohio, Dave Yost, quien representa al estado, sostiene que la financiación de la educación no es un juego de suma cero y que los vales no privan a las escuelas públicas de recursos. “Nada vincula estos programas específicos en el presupuesto más que su vinculación con el gasto en universidades, Medicaid o carreteras”, afirmó Yost en su apelación.
El estado también argumenta que son los padres, y no el gobierno, quienes deciden si los fondos se destinan a escuelas religiosas, lo que considera que cumple con los requisitos constitucionales. Las familias de los estudiantes también han apelado la decisión del tribunal inferior, argumentando que EdChoice es constitucional porque los fondos solo llegan a las escuelas privadas después de que los padres decidan independientemente solicitar las becas. “No fluye dinero a una escuela privada sin una decisión independiente de un padre”, afirman en su apelación.
Familias representadas por el Instituto para la Justicia sostienen que EdChoice es un programa de becas, no un sistema de escuelas privadas, y advierten que prohibir las becas para escuelas religiosas podría violar las protecciones federales de la libertad religiosa y los derechos de los padres.
La coalición de escuelas públicas, que también apela una parte del fallo inicial, argumenta que algunos distritos reciben significativamente menos fondos por estudiante que el valor de una beca EdChoice, lo que consideran una disparidad discriminatoria y perjudicial. “No hay una razón válida, y mucho menos una razón convincente, para asignar de 3 a 4 veces más dinero de los contribuyentes por estudiante a escuelas privadas que a escuelas públicas”, señalan en su apelación.
La Corte de Apelaciones del Distrito 10 está controlada por demócratas, y se espera que el caso finalmente llegue a la Corte Suprema de Ohio, donde predominan los republicanos.
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