Washington.- El Consejo de Asesores Económicos (CEA) ha publicado un análisis exhaustivo que revela el impacto económico de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) desde su establecimiento.
La Casa Blanca divulgó el informe, disponible en este enlace, el cual estima que la regulación impuesta por la CFPB ha generado costos para los consumidores que oscilan entre los $237 mil millones y $369 mil millones entre 2011 y 2024.
El análisis detalla que este monto comprende gastos fiscales, un aumento en los costos de endeudamiento y una disminución en la aprobación de préstamos, superando considerablemente los $21 mil millones que la CFPB asegura haber recuperado para los usuarios.
El componente más significativo de estos costos, según el CEA, es el incremento en los costos de los préstamos, que suman entre $222 mil millones y $350 mil millones. Específicamente, las regulaciones de la CFPB han implicado costos de hasta $183 mil millones en hipotecas (un promedio de $1,700 adicionales por préstamo), $51 mil millones en préstamos para automóviles y $116 mil millones en tarjetas de crédito.
Se estima que solo en 2024, el costo anual combinado del crédito para estos productos se situará entre los $24 mil millones y $38 mil millones. Además, el aumento de los costos ha restringido la concesión de nuevos créditos, lo que ha provocado una pérdida de eficiencia económica de hasta $5.7 mil millones.
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Se destaca el aumento de los costos regulatorios
El informe también señala que la burocracia administrativa representa una carga considerable, con requisitos de documentación que exceden los 29 millones de horas anuales, lo que equivale a 14,100 empleados a tiempo completo dedicados exclusivamente a tareas administrativas. Asimismo, se subraya que el aumento de los costos de cumplimiento y responsabilidad obliga a las instituciones financieras a elevar sus precios y reducir su oferta de productos.
Finalmente, el análisis destaca un costo fiscal acumulado que supera los $13 mil millones. La CFPB recibió $8.9 mil millones en transferencias de la Reserva Federal que, de otro modo, habrían ingresado al Tesoro de los Estados Unidos, generando una carga fiscal adicional de $4.4 mil millones.
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