El Gobierno de Donald Trump solicitó a un tribunal que permita frenar el recuento de unas 20.000 boletas en California ante acusaciones de votantes no ciudadanos, luego de que tribunales inferiores bloquearan sus intentos de separar los votos.
La batalla de las 20.000 boletas llega a la Corte Suprema
La administración federal elevó su disputa electoral al máximo tribunal del país este lunes tras sufrir una serie de reveses en los tribunales inferiores de California en su intento por apartar miles de papeletas de votantes registrados que el Ejecutivo sospecha que carecen de ciudadanía estadounidense. El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, argumentó ante el alto tribunal que la medida solicitada no anularía ningún sufragio, sino que otorgaría tiempo para verificar la elegibilidad de los ciudadanos cuestionados.
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El conflicto se centra en una lista elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que compara los padrones estatales con registros federales. Funcionarios de California y grupos de derechos civiles han advertido que las listas creadas mediante este programa no son fiables y terminan incluyendo a ciudadanos estadounidenses legítimos. Los tribunales federales de distrito y la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ya habían rechazado los pedidos de emergencia del Ejecutivo para separar las papeletas antes de la certificación electoral.
Si el Poder Ejecutivo puede desestimar votos y amenazar una elección en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro.
David O. Carter, juez federal de distrito
Las restricciones a las investigaciones y la protección a los trabajadores electorales
Mientras el litigio avanza en las altas instancias judiciales, una jueza federal emitió una orden de emergencia para frenar tácticas agresivas dirigidas contra los funcionarios electorales. La jueza federal de distrito Trina Thompson dictaminó que los empleados de gobiernos estatales y locales que procesan y cuentan boletas de conformidad con la ley no infringen la legislación penal federal, incluso cuando una boleta pertenece a un votante cuya elegibilidad se encuentre bajo sospecha.
La decisión judicial busca disuadir las presiones del Departamento de Justicia, que ha emitido citaciones de gran jurado a funcionarios locales en California y ha amenazado a las oficinas electorales con posibles investigaciones penales. La medida de Thompson, que permanecerá vigente hasta el 16 de noviembre, prohíbe además coaccionar a los trabajadores que hacen posible la administración de los comicios.
El estado de California moviliza recursos frente a la intervención federal
Ante el incremento de la presión desde Washington D.C., las autoridades de California han reforzado las defensas legales y la información pública para calmar a los votantes. El fiscal general del estado, Rob Bonta, recordó que las normas electorales locales no se han modificado y que los derechos fundamentales del electorado continúan amparados por las leyes californianas.
Permítanme ser claro: las elecciones de California avanzan como de costumbre… Sus derechos fundamentales de voto siguen protegidos por la ley de California y las reglas para emitir su voto no han cambiado.
Rob Bonta, fiscal general de California
Por su parte, el gobernador Gavin Newsom dirigió una carta a los jueces federales de los cuatro distritos del estado advirtiendo sobre el riesgo de que la vía penal sea utilizada para incautar boletas y equipos electorales antes de la certificación oficial. California aprobó en septiembre la ley AB 282, la cual tipifica como delito grave la requisa de material electoral antes de que los resultados sean validados formalmente.
Lo que sigue en los tribunales y los plazos clave
La disputa judicial mantiene abiertos varios frentes mientras el proceso de votación avanza en el estado más poblado del país. Un perito independiente, Daniel B. Garrie, fue designado por la justicia para examinar la base factual de las alegaciones del gobierno federal y determinar si existe un problema logístico real para separar las papeletas antes de la fecha límite.
El calendario previsto por los tribunales incluye una audiencia probatoria fijada para el 13 de noviembre en Los Ángeles. Los funcionarios electorales locales tienen como plazo último el 3 de diciembre para resolver las controversias y completar la certificación de los resultados de las elecciones intermedias de 2026.
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