Una jueza federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional suspender las operaciones de campo e interrogatorios a votantes en nueve estados, tras concluir que las listas gubernamentales de posibles no ciudadanos se basan en datos defectuosos que amenazan la participación de votantes elegibles antes de las elecciones de noviembre de 2026.
Agentes federales interrogan a residentes sobre su estatus migratorio
Agentes armados y uniformados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han recorrido vecindarios en diversos estados para interrogar a los residentes sobre su estatus migratorio y su participación electoral. La operación federal se intensificó durante el mes de septiembre y continuó en vísperas de los comicios de medio término previstos para noviembre de 2026.
En las oficinas de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en el norte de California y Kansas City, los agentes compartieron imágenes y videos donde se les observa acercándose a viviendas portando armas y documentos con la leyenda «Target List», mientras algunos individuos eran escoltados en esposas. La iniciativa, denominada internamente como una operación de fraude electoral criminal, movilizó a cientos de elementos de HSI, una rama del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que habitualmente concentra sus funciones en delitos transfronterizos como la explotación infantil, el contrabando de drogas y el lavado de dinero.
El despliegue abarcó al menos seis estados inicialmente, entre ellos California, Georgia, Missouri, Pensilvania, Washington y Wisconsin. Documentos internos de la agencia revelan que se utilizaron bases de datos gubernamentales, padrones electorales y otros registros que posteriormente se cruzaron con la información de ciudadanía del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional defendió las acciones al señalar que HSI trabaja activamente para erradicar e investigar el fraude electoral dondequiera que se encuentre.
Jueza ordena suspender operaciones de campo
Ante las denuncias de organizaciones civiles, la jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín emitió una orden en Oakland para frenar las tácticas del gobierno federal. La demanda que originó este fallo fue interpuesta por la Asociación de Enfermeras de California, el sindicato National Nurses United, la Fundación Voto Latino, el condado de Santa Clara y la ciudad y condado de San Francisco.
La jueza, nombrada en 2023 por el presidente Joe Biden y ex abogada de derechos de los inmigrantes, determinó que los esfuerzos del departamento dependen de registros imperfectos que incluyen de manera inevitable a ciudadanos estadounidenses con pleno derecho a votar, lo que genera temor y cohibe la participación cívica. Patrick Eddington, investigador sénior del Instituto Cato, aconsejó públicamente que cualquier persona visitada por un agente federal, sea ciudadano o no, debe abstenerse de declarar cualquier cosa más allá de su deseo de hablar con un abogado.
La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín señaló que «el interés del público en unas elecciones seguras, libres de interferencia o intimidación, supera con creces el pretendido interés de los demandados en combatir el voto ilegal por parte de personas que no son ciudadanas de Estados Unidos».
Datos inexactos generan controversia en California
El núcleo del litigio radica en la fiabilidad de las bases de datos utilizadas por las agencias federales. Beau Tremitiere, abogado de la organización legal Protect Democracy —la cual representa a los demandantes—, celebró la decisión judicial al calificarla como una protección importante frente a una directriz que apuntaba contra ciudadanos naturalizados conocidos. Por su parte, la asistente del registrador-recopilador Monica Flores detalló en una declaración judicial que un análisis preliminar de doscientos registros del listado de octubre en el condado de Los Ángeles indicó que el 38,9 por ciento de los datos con información de nacimiento correspondían a personas nacidas en Estados Unidos, mientras que el 42,9 por ciento de las personas ya se encontraban dadas de baja del padrón y el 71,2 por ciento carecía de historial de votación.
Paralelamente, el Departamento de Justicia intensificó sus acciones legales al demandar a California y arrestar a veintiocho residentes permanentes legales o titulares de tarjeta verde, a quienes acusa de haber votado o haberse registrado indebidamente en procesos federales. Funcionarios electorales de California, encabezados por la secretaria de Estado Shirley Weber y el registrador-recopilador y secretario del condado de Los Ángeles Dean Logan, rechazaron la exigencia federal de verificar cerca de 20.000 nombres en un plazo de 48 horas y segregar sus votos por correo, citando la absoluta falta de fiabilidad de la lista.
En sus escritos presentados ante la corte, el estado criticó duramente la ofensiva al advertir que, en el mejor de los casos, la litigación constituye una temeraria maniobra política y, en el peor, amenaza con privar del derecho al voto a miles de californianos durante los comicios. Entre los casos específicos dados a conocer por las autoridades federales figuran el arresto de un hombre de 72 años originario de Belice, sacado de su domicilio en pijama bajo acusaciones de haber votado ilegalmente en cuatro comicios, y el de Mariana Alexandra Dewey, de nacionalidad peruana, acusada de delitos de fraude electoral vinculados a la emisión presunta de un sufragio en las elecciones de 2024.
Los abogados del Departamento de Justicia han defendido la legalidad de los operativos y de las solicitudes de cooperación a los estados para salvaguardar la integridad de los comicios federales, mientras que las organizaciones de derechos civiles sostienen que la campaña busca fundamentalmente intimidar a las comunidades minoritarias y desalentar la participación de los electores aptos para votar en todo el territorio nacional.
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