Cuba aboga en la ONU por una transición energética justa frente a restricciones externas
En el marco de diversos foros celebrados en la sede de las Naciones Unidas, el representante permanente de Cuba, embajador Ernesto Soberón Guzmán, ha reafirmado el compromiso de su país con una transición energética que sea soberana, inclusiva y sostenible. El diplomático subrayó que, para alcanzar los objetivos de desarrollo global, es imperativo que la transición energética mundial se base en la equidad y el respeto al derecho soberano de cada Estado sobre sus recursos naturales.

El impacto de las medidas coercitivas en el sector energético
Durante su intervención en el Evento de Alto Nivel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, el embajador Soberón denunció que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, el cual calificó como un «cerco energético», constituye el principal obstáculo para el desarrollo del sector en la isla. Según el representante cubano, estas medidas coercitivas unilaterales limitan deliberadamente el acceso a combustibles, tecnologías, financiamiento y equipos indispensables para el suministro eléctrico.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, esta política no solo entorpece el avance hacia una matriz energética más limpia, sino que impacta directamente en servicios esenciales como el funcionamiento de hospitales, escuelas y sistemas de abasto de agua. El diplomático enfatizó que no se puede hablar de una transición energética «verdaderamente justa» mientras persistan restricciones que dificultan la adquisición de tecnologías para la generación y el almacenamiento de energía, o que intimidan a proveedores internacionales.
Propuestas para un modelo de desarrollo sostenible
Soberón defendió la necesidad de impulsar la industrialización y la generación de valor agregado en el sector energético, subrayando que la transición debe evitar la reproducción de patrones históricos de dependencia tecnológica y concentración de beneficios. El diplomático sostuvo que corresponde a cada país, en consonancia con sus prioridades nacionales y el Derecho Internacional, decidir cómo gestionar sus recursos, incluidos los minerales críticos, para que estos contribuyan al desarrollo soberano de sus pueblos.
En el contexto de un evento paralelo del Consejo Económico y Social (ECOSOC), el representante cubano insistió en que el acceso a energía asequible y fiable es un componente indispensable para implementar la Agenda 2030, incidiendo directamente en la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria. Reiteró que, pese a las restricciones, Cuba mantiene su determinación de diversificar su matriz energética, expandir el uso de fuentes renovables y promover la cooperación internacional bajo los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Perspectivas sindicales sobre la crisis electroenergética
En contraste con la postura oficial, la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) ha presentado una visión diferente sobre la crisis que atraviesa el sistema electroenergético del país.

La ASIC propone una reconstrucción del sector basada en una «transición energética democrática, transparente, participativa y socialmente justa». Entre los puntos clave de su propuesta se encuentran:
- La transformación integral del sector, alejándolo del monopolio estatal.
- La garantía de independencia para los operadores del sistema eléctrico.
- La implementación de mecanismos de auditoría y rendición de cuentas.
- El fortalecimiento del sindicalismo independiente para proteger los derechos laborales.
- La incorporación de formas de generación distribuida y energías renovables bajo reglas de inversión transparentes.
La organización sindical enfatizó que los trabajadores eléctricos poseen el conocimiento técnico indispensable para estabilizar el sistema y que, por tanto, deben ser actores esenciales en cualquier proceso de reconstrucción, garantizando que el suministro eléctrico sea concebido como un servicio público administrado con transparencia y sujeto al escrutinio ciudadano.
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