El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia el jueves 5 de noviembre de 2026, tras el colapso de Ueno Bank, una entidad digital vinculada a su gobierno que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros y desató masivas protestas en Asunción (NPR). Minutos después del anuncio de dimisión, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la destitución del mandatario mediante un juicio político con 78 votos a favor, enviando los cargos al Senado para su tratamiento (CBC).
La crisis financiera e institucional fracturó el respaldo político del economista de 47 años, quien asumió el poder en agosto de 2023 con un mandato hasta 2028 (The Guardian). El líder del gobernante Partido Colorado y expresidente Horacio Cartes respaldó el proceso de destitución al declarar que la agrupación política no respaldará el saqueo de fondos públicos, privados y previsionales (CBC).
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La intervención de Ueno Bank por el banco Central
El detonante de la crisis ocurrió el lunes 3 de noviembre de 2026, cuando el directorio del Banco Central votó unánimemente por colocar a Ueno Bank en proceso de resolución tras registrarse un déficit crítico de capital (Los Angeles Times). Los inspectores de la superintendencia descubrieron prácticas de préstamos riesgosos hacia empresas vinculadas a los propietarios del banco, con montos que superaban los límites legales y carecían de garantías suficientes (CBC). En un solo día de septiembre de 2025, la entidad había girado cerca de $39 millones a tres compañías de ese grupo (CBC).
Ueno Bank se había transformado rápidamente desde 2023 en un actor central del sistema financiero tras absorber a una financiera histórica, alcanzando a gestionar cerca de $800 millones a $850 millones en depósitos públicos e institucionales (The Guardian). Entre esos fondos figuraban unos $380 millones pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), la caja de jubilaciones y salud del Estado (Los Angeles Times). Ante la intervención, la aplicación móvil, las tarjetas y las transferencias de la entidad quedaron inhabilitadas, lo que provocó largas filas de depositantes frente a las sucursales y colapsos en las plataformas de otros bancos debido a la estampida de usuarios buscando abrir cuentas alternativas (NPR).
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Cargos judiciales y detenciones de altos directivos
La fiscalía general de Paraguay abrió tres investigaciones criminales para esclarecer el manejo de los fondos públicos y la supervisión del banco fallido, ordenando la detención de ocho altos directivos, entre ellos el fundador Miguel Vázquez y el presidente del banco Juan Manuel Gustale (CBC). Además, las autoridades presentaron cargos contra 27 funcionarios bancarios y empresarios bajo delitos que incluyen lesión de confianza y tentativa de estafa (CBC).
El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quien había presidido la financiera predecesora de Ueno antes de ser designado por Peña al frente del regulador monetario, presentó su renuncia el martes 3 de noviembre (Disruption Banking). La cercanía entre el gobierno y la entidad generó cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés, agravado porque el propio Peña había mantenido vínculos societarios con el holding de Ueno antes de enajenar sus participaciones (The Guardian).
Garantías de depósitos y transición en el poder
Para contener el descontento social, el Congreso aprobó de urgencia una ley destinada a agilizar el reembolso a los ahorristas afectados (NPR). El fondo de garantía de depósitos cubre hasta 228 millones de guaraníes —equivalentes a unos $38,000— por depositante, un monto que según las autoridades protege al 97% de los clientes por número de cuentas (Los Angeles Times). Los pagos comenzaron el jueves 5 de noviembre priorizando cuentas pequeñas de hasta unos $1,600 para personas sin deudas pendientes con la institución (NPR).
En el plano político, el Congreso rechazó la dimisión de Peña para asegurar que el mandatario enfrente el juicio político en el Senado y pierda la inmunidad parlamentaria y la senaduría vitalicia que la legislación ordinaria otorga a los expresidentes (The Guardian). El vicepresidente Pedro Alliana, también miembro del Partido Colorado, se perfila para asumir la jefatura del Estado en medio de las secuelas del mayor escándalo financiero que golpea al país en décadas (Latin Times).
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