El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que continúe la construcción del nuevo salón de actos en la Casa Blanca mediante una decisión de 5 votos a favor y 4 en contra, según informó Politico. La medida del tribunal mantiene en suspenso una decisión previa de un tribunal federal de apelaciones que exigía detener las obras del proyecto al concluir que este carecía de la autorización del Congreso.
El Tribunal Supremo permite continuar las obras del salón de actos
La orden sin firma de la mayoría conservadora determinó que el grupo de preservación histórica que demandó al gobierno carecía de legitimación procesal, conocida en inglés como standing, para frenar la obra. Los magistrados señalaron que las inquietudes sobre seguridad nacional favorecían que los trabajos siguieran adelante, aunque aclararon que no se pronunciaron sobre la legalidad definitiva del proyecto impulsado por el presidente Donald Trump.
Disidencia del juez presidente John Roberts y la postura liberal
En su texto, Roberts sostuvo que la Casa Blanca es un edificio histórico fundamental y que el tribunal no apreció adecuadamente el perjuicio causado al permitir la posible usurpación de la potestad presupuestaria del poder legislativo.
Por su parte, la decisión mayoritaria indicó que este tribunal no había hallado legitimación procesal en circunstancias similares previas, priorizando requisitos estrictos para evitar que los jueces decidan sobre asuntos legales abstractos.
Contexto del proyecto y demolición del Ala Este
Las órdenes del presidente Donald Trump provocaron la abrupta demolición del Ala Este de la Casa Blanca en octubre previo, de acuerdo con los registros legales del caso. El mandatario defendió inicialmente la obra como un espacio permanente y de mayor tamaño para eventos ceremoniales y cenas de Estado, pero posteriormente argumentó que se trata de un imperativo de seguridad nacional debido a componentes integrados en el nuevo diseño.
El costo estimado del salón de actos y sus instalaciones asociadas asciende a 400 millones de dólares, los cuales serán financiados por donantes privados. El gobierno federal argumentó ante los tribunales que la administración posee la facultad de realizar alteraciones y mejoras en la residencia presidencial, mientras que los críticos sostienen que la obra viola la ley al no contar con fondos ni aprobación del Congreso.
Reacciones y posturas de los grupos demandantes
El litigio principal ha sido impulsado por el National Trust for Historic Preservation, representado legalmente por Tad Heuer de la firma Foley Hoag, el cual argumentó que el Congreso es quien debe decidir si se puede construir un salón de actos en propiedad federal.
Por su parte, el presidente Trump celebró el fallo a través de una publicación en la plataforma Truth Social, donde afirmó estar complacido de que la obra del complejo militar y salón de actos pueda completarse sin mayores contingencias, dudas o amenazas. U.S. Solicitor General D.
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