Un grupo de seis residentes legales en California enfrenta cargos de fraude electoral, según informó el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos, en una campaña más amplia para cuestionar 20.000 boletas, según informó el Guardian.
Cargos contra seis residentes legales
Los seis acusados son titulares de tarjetas de residencia permanente (green card), lo que les da estatus legal en el país, pero les prohíbe votar. Todos enfrentan cargos por falsificar declaraciones en aplicaciones de naturalización, según denuncias presentadas en tribunales federales. Uno de ellos, un hombre de 52 años originario de Canadá, fue acusado de votar ilegalmente dos veces antes de intentar cancelar su registro, según documentos judiciales.
Conflictos sobre 20.000 boletas
El DoJ busca que los funcionarios electorales de California separen 20.000 boletas que, según el Departamento, podrían pertenecer a no ciudadanos. Sin embargo, un grupo de derechos de inmigrantes analizó la lista y encontró que más del 40% de los nombres no aparecen en los registros estatales, según informó Univision. Los líderes electorales californianos han criticado la lista como inexacta y logísticamente imposible de gestionar en medio de las elecciones.
Reacciones y desafíos legales
El fiscal federal Bill Essayli, quien lidera las acusaciones, afirmó que los casos respaldan su esfuerzo para evitar que las boletas sean contabilizadas. Sin embargo, un juez federal rechazó las acusaciones del DoJ, calificándolas como una amenaza a la democracia. Además, el Departamento ha amenazado con perseguir penalmente a funcionarios electorales que procesen boletas fraudulentas, una práctica que un juez bloqueó recientemente, acusándola de «intimidación».
Discrepancias en la lista de votantes
El análisis realizado por el grupo de derechos de inmigrantes, citado por Univision, reveló que 22 personas en la lista del DoJ eran probablemente ciudadanos naturalizados, mientras que miles de ciudadanos estadounidenses parecían estar incluidos. El DoJ defendió la precisión de su lista, afirmando que utilizó bases de datos de terceros, aunque reconoció que no es del 100% precisa. En tanto, los funcionarios californianos argumentan que la lista está llena de errores y que es imposible depurarla en el plazo de las elecciones.
Sin embargo, un juez federal rechazó las acusaciones del DoJ, calificándolas como una amenaza a la democracia, y ordenó al Departamento de Justicia que se detenga inmediatamente de perseguir a funcionarios electorales por procesar boletas fraudulentas.
En medio de estos conflictos, los líderes electorales californianos han criticado la lista como inexacta y logísticamente imposible de gestionar en medio de las elecciones.
La lista de boletas cuestionadas contiene 20.000 nombres, de los cuales se cree que más del 40% no corresponden a ciudadanos nativos. Sin embargo, el Departamento de Justicia defiende la precisión de su lista, afirmando que utilizó bases de datos de terceros para verificar la identidad de los votantes. En tanto, los funcionarios californianos argumentan que la lista está llena de errores y que es imposible depurarla en el plazo de las elecciones.
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