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Los beneficios de salud y otros beneficios no relacionados con la pensión para los trabajadores públicos jubilados, conocidos colectivamente como “otros beneficios posteriores al empleo” (OPEB, por sus siglas en inglés), continuaron estando gravemente insuficientemente financiados en 2022, según los últimos datos recopilados por The Pew Charitable Trusts.

La brecha general de financiación de los OPEB, la disparidad entre los beneficios prometidos y los activos disponibles, fue de 552 mil millones de dólares en 2022. La proporción de pasivos del plan que puede pagarse con los activos disponibles, conocida como la tasa de financiación, fue de solo el 14,6%. Estas cifras representaron mejoras de 130 mil millones de dólares y 5,3%, respectivamente, en comparación con 2019.

La brecha de financiación se redujo gracias al aumento de los activos del plan por los rendimientos positivos de las inversiones y las mayores contribuciones; a una disminución de los pasivos totales debido a cambios en las tendencias de la fuerza laboral, la demografía y las proyecciones más bajas del crecimiento de los costos médicos; y a una serie de esfuerzos políticos estatales para garantizar beneficios sostenibles y una salud fiscal a largo plazo.

En 2022, los activos de los OPEB alcanzaron los 95 mil millones de dólares, un aumento de 24 mil millones de dólares con respecto a 2019, debido a que las contribuciones a los fondos de los OPEB superaron los pagos de beneficios en 11,8 mil millones de dólares y los estados obtuvieron 12,7 mil millones de dólares en rendimientos de la inversión durante ese período. Por otro lado, los pasivos, la cantidad que falta en un plan para cumplir con sus obligaciones de beneficios, disminuyeron en 106 mil millones de dólares, impulsados principalmente por ajustes de beneficios, modificaciones de las hipótesis de inversión y cambios en la demografía, las tendencias de la fuerza laboral y el crecimiento proyectado de los costos de atención médica.

Durante el período de tres años, 34 estados no cumplieron con sus puntos de referencia mínimos de contribución adecuada, los pagos combinados más bajos posibles de empleadores y empleados suficientes para evitar que los pasivos no financiados crezcan a largo plazo. Sin embargo, algunos de esos estados aún vieron mejoras en sus ratios de financiación a medida que las hipótesis actuariales sobre las condiciones futuras se volvieron más favorables, disminuyendo estos pasivos esperados.

Una mejor disciplina fiscal, junto con otros cambios de política, ayudó a mejorar los ratios de financiación en 35 estados a partir de 2022. (Ver Figura 1.) Dieciocho estados estaban financiados al menos en un 30%, un aumento con respecto a los ocho estados que lo estaban en 2015. Cinco de esos estados, Alaska, Arizona, Ohio, Oregon y Utah, estaban totalmente financiados, y Ohio y Utah habían alcanzado recientemente la financiación completa. Ohio y Virginia Occidental mostraron la mayor mejora, aumentando sus ratios de financiación en un 55% y un 58%, respectivamente.

Aumento, pero aún contribuciones insuficientes

Aunque 23 estados aumentaron las contribuciones durante el período de tres años, 32 aún no cumplieron con sus contribuciones mínimas adecuadas en 2022, según sus puntos de referencia de amortización neta, la cantidad total de dinero necesaria para pagar los nuevos beneficios devengados por los empleados actuales en un año determinado y cubrir los intereses sobre la deuda de los OPEB de un plan.

En 2020 y 2021, los planes de los OPEB estatales colectivamente no cumplieron con sus puntos de referencia de amortización neta en 29,8 mil millones de dólares y 30,6 mil millones de dólares, respectivamente. La brecha de contribución mejoró ligeramente en 2022, pero aún quedó corta en 22 mil millones de dólares. Sin embargo, desde 2019, casi la mitad de los estados han mejorado sus contribuciones y, en 2022, 17 estados cumplieron o superaron sus contribuciones mínimas requeridas, casi el doble de los nueve que lo hicieron en 2019. (Ver Figura 2.)

Esfuerzos políticos estatales

En los últimos años, varios estados han realizado cambios políticos significativos que mejoraron sustancialmente la financiación de sus OPEB en 2022, incluida la prefinanciación de los planes, el aumento de las contribuciones y el cambio de las estructuras de beneficios, pero en algunos casos, esos cambios también llevaron a una reducción de los beneficios para los jubilados actuales o futuros. Los resultados de los esfuerzos políticos en tres de esos estados destacan la dificultad que enfrentan los responsables políticos para equilibrar la sostenibilidad fiscal y la seguridad de la jubilación de los trabajadores:

• En 2013, Hawái aprobó la Ley 268, que exigió al estado prefinanciar sus compromisos de OPEB pagando la contribución determinada actuarialmente cada año. El objetivo de la prefinanciación es lograr niveles de contribución que cubran el costo de los beneficios en el año en que los empleados los ganan, en lugar de esperar para financiar los beneficios años o décadas después de la jubilación de un empleado.
• En el momento en que se implementó la Ley 268, la tasa de financiación de los OPEB del estado era cero y el objetivo de la legislación era llevar al estado a la financiación completa para 2045. A partir de 2022, Hawái ha aumentado tanto su tasa de financiación a más del 30% como ha superado su punto de referencia de amortización neta. Una vez que el estado alcance la financiación completa, se proyecta que su contribución anual requerida disminuirá, ahorrando al estado entre 800 y 900 millones de dólares anuales.
• Ohio mejoró drásticamente su tasa de financiación de los OPEB, del 63,5% financiado en 2015 al 112% financiado en 2022, a través de una combinación de cambios en las contribuciones y los beneficios. Las contribuciones de los empleadores aumentaron de 29,5 millones de dólares a 135,8 millones de dólares durante ese período. Además, el estado realizó cambios en su plan de atención médica para jubilados en enero de 2020 que redujeron a la mitad su pasivo total de OPEB, aumentando la tasa de financiación del 57% en 2019 al 120% en 2020. En particular, el estado cerró su plan de salud para los jubilados no elegibles para Medicare y ahora otorga a los jubilados calificados un subsidio para la compra de planes en el mercado abierto. Además, aumentaron los requisitos de edad y años de servicio para que los jubilados no elegibles para Medicare reciban beneficios, y disminuyó la asignación disponible para los jubilados elegibles para Medicare.
• Aunque los OPEB de Nuevo México siguen estando insuficientemente financiados, el estado espera cerrar la brecha con el tiempo según su trayectoria de financiación actual. A partir de 2022, Nuevo México había superado su punto de referencia de amortización neta y había aumentado su tasa de financiación a más del 33%, tres veces más que en 2015, en gran parte como resultado de los aumentos en las contribuciones de los empleados. El estado también redujo un crédito por cada año de servicio que los empleados ganan hacia sus primas de seguro de salud para jubilados en 2021.

Aunque los planes de los OPEB estatales siguen estando significativamente insuficientemente financiados, con menos de 20 centavos en mano por cada dólar necesario para los beneficios prometidos, estos esfuerzos políticos muestran la gama de enfoques que están adoptando los estados para mantener los costos de los OPEB sostenibles, al tiempo que trabajan para preservar la seguridad económica de los jubilados y evitar que se desplacen otras prioridades importantes.

Ora Halpern es asociada senior, Keith Sliwa es asociado principal y David Draine es funcionario principal del proyecto de política fiscal estatal de The Pew Charitable Trusts.