La mayoría de los pacientes con enfermedades crónicas en Estados Unidos desea participar en ensayos clínicos, pero dos tercios afirman que sus médicos nunca se los mencionan. Las barreras logísticas, de costos y geográficas frenan la investigación médica, según revelan recientes datos recopilados este año.
Participar en la investigación médica ofrece oportunidades cruciales para los pacientes, pero el camino para inscribirse está lleno de obstáculos que van mucho más allá de la simple falta de interés. A pesar de que la gran mayoría de los enfermos crónicos está dispuesta a probar nuevos tratamientos, la desconexión entre la intención y la práctica real sigue frenando el avance científico y el acceso a terapias avanzadas.
La gran brecha: 71 por ciento quiere participar pero nadie se lo propone
En una encuesta nacional realizada a más de 2,000 adultos este año, el 71 por ciento de los pacientes con enfermedades crónicas afirmó que estaría dispuesto a participar en un ensayo clínico si se le ofreciera la oportunidad. Sin embargo, dos tercios de los encuestados señalaron que su proveedor de atención médica jamás ha abordado el tema con ellos.
Las cifras oficiales sobre la frecuencia de estas invitaciones provienen de un sondeo federal más antiguo que utilizó datos de 2020. Aquel estudio indicó que solo el 9 por ciento de los adultos había recibido alguna vez una invitación para formar parte de un ensayo clínico, una estimación que demuestra lo poco habituales que son estas conversaciones en las consultas médicas cotidianas.
Por qué los médicos de atención primaria rara vez hacen la remisión
La reticencia no nace de los profesionales de la salud. Una encuesta realizada esta primavera entre poco más de 500 médicos de atención primaria —patrocinada por la Patient Advocate Foundation— reveló que el 86 por ciento de los doctores se mostraban dispuestos a remitir a un paciente a un estudio clínico. Sin embargo, en la práctica, tan solo el 37 por ciento lo había hecho.
El problema principal es la carga logística. Mark Fleury, policy principal for emerging science en la American Cancer Society Cancer Action Network, explicó que un oncólogo comunitario tendría que buscar en un registro, introducir las características específicas del enfermo, revisar los estudios candidatos y llamar de manera individual a cada centro para verificar si la inscripción sigue abierta. Esa labor representa trabajo no remunerado que se suma a una consulta médica ya saturada, con el añadido de que una derivación exitosa a menudo implica perder al paciente frente a otra institución médica.
Alan Balch, presidente de la junta directiva de la Fundación para el Defensor del Paciente, citado por KFF Health News, señaló que cada punto de contacto representa una oportunidad para que el acceso y la accesibilidad económica se conviertan en un problema.
Cuando los ensayos clínicos surgen en las conversaciones entre médico y paciente, suele ser por iniciativa del enfermo, porque el tratamiento estándar ha dejado de funcionar o debido a que la enfermedad ha avanzado, lo que convierte a los estudios en un recurso de última hora en lugar de una opción temprana.
Geografía y costos que deciden el acceso a los tratamientos experimentales
La ubicación geográfica determina en gran medida quién puede participar. Gran parte de la investigación clínica en Estados Unidos se concentra en grandes centros médicos académicos situados en zonas urbanas. Quienes no residen cerca de estas instalaciones o no reciben atención allí enfrentan barreras severas, ya que los protocolos exigen visitas presenciales periódicas para análisis de sangre, estudios de imagen o evaluaciones médicas.

Un estudio de 2019 sobre 8,893 pacientes con cáncer demostró que el 55.6 por ciento no tenía disponible ningún ensayo para su tipo de tumor y etapa en el hospital donde se atendían, mientras que otro 21.5 por ciento no cumplía con los requisitos de los estudios existentes en ese mismo lugar. Esto significa que aproximadamente tres de cada cuatro pacientes quedaban descartados antes de tomar cualquier decisión personal.
Las consecuencias impactan a todo el sistema: hasta el 86 por ciento de los ensayos clínicos no logra cumplir con sus metas de reclutamiento dentro del plazo previsto, lo que retrasa la recolección de evidencias que los reguladores necesitan para aprobar nuevos fármacos y dispositivos médicos.
El impacto económico de los gastos no médicos
Aunque los patrocinadores cubren los costos directos del estudio —incluidos el fármaco o dispositivo de investigación— y la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) obliga a los planes comerciales, Medicare y Medicaid a pagar los cuidados rutinarios asociados con un ensayo aprobado, la cobertura no equivale a gratuidad.
Los participantes todavía deben asumir deducibles, copagos y coseguros por la atención médica rutinaria. Además, la normativa de la ACA no exige que las aseguradoras ofrezcan beneficios fuera de su red, por lo que un ensayo realizado en una institución ajena a la red del paciente puede quedar totalmente desprotegido.
A esto se suman los gastos que las aseguradoras ignoran por completo: desplazamientos al centro médico, estacionamiento, alojamiento, cuidado de niños y los salarios perdidos por ausentarse del trabajo durante los meses que duran las visitas de estudio. Para una familia que ya lidia con una enfermedad grave, esos desembolsos deciden la participación con más frecuencia que cualquier criterio clínico.
Beneficios potenciales y el papel de las alternativas descentralizadas
A pesar de las barreras, enrolarse en un ensayo proporciona ventajas notables. Los participantes suelen obtener acceso a fármacos innovadores capaces de mejorar sus condiciones, además de recibir atención minuciosa y seguimiento continuo por parte de especialistas médicos.

Las opciones descentralizadas, que permiten a los pacientes completar ciertas tareas desde sus hogares o en centros locales, podrían ampliar el acceso de manera significativa. Alan Balch señaló que, aunque este enfoque todavía no es generalizado, su expansión facilitaría la participación de poblaciones más amplias y diversas. Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos abrió una solicitud de información para evaluar si se deben modificar las normativas federales que actualmente restringen a los patrocinadores el reembolso de los gastos de traslado y manutención de los pacientes.
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