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Imaginen a un padre o madre de un estudiante que está a punto de ingresar a la universidad y que desea estudiar teología, una carrera que se encuentra entre las de menores ingresos después de la graduación. Si bien se siente orgulloso de la convicción de su hijo, también le preocupa que amigos y familiares le recuerden constantemente que la teología es una carrera con perspectivas laborales inciertas, en el mejor de los casos. Entonces, en medio del proceso de decisión universitaria, descubre que la universidad que está considerando ofrece algo llamado “seguro de título”: si el graduado no gana por encima de un umbral establecido, el programa cubrirá parte de la diferencia.

Esta promesa busca aliviar los temores de padres y estudiantes. Sin embargo, plantea una pregunta más profunda: ¿por qué un título universitario, que aún se considera el camino más seguro hacia el progreso económico y la estabilidad financiera a largo plazo, necesita repentinamente un seguro?

En todo el país, las universidades están lanzando una nueva gama de productos financieros dirigidos a estudiantes universitarios, comercializados como “seguros de préstamo” y “seguros de título”. Los programas de asistencia para el reembolso de préstamos (LRAP, por sus siglas en inglés), a veces también llamados garantías de reembolso de préstamos, son una forma de seguro de préstamo que protege a los estudiantes contra la morosidad: si un graduado no gana por encima de un cierto umbral, sus pagos de préstamos estudiantiles son reembolsados hasta cierto punto. El seguro de título es un mecanismo similar a los programas públicos de “seguro de salarios”, donde si un graduado gana menos que el ingreso promedio en su campo, ajustado por las diferencias regionales, el seguro “complementaría” la diferencia salarial durante un período de tiempo.

Estas dos herramientas tienen orígenes y justificaciones subyacentes distintos. Los programas de asistencia para el reembolso de préstamos (LRAP) se originaron en la Facultad de Derecho de Yale en la década de 1980 y se extendieron a otras facultades de derecho, a medida que el creciente costo de la educación legal comenzó a disuadir a los graduados de seguir carreras de interés público con salarios más bajos. Si bien inicialmente fueron fuentes de financiación internas, la privatización de las ofertas de LRAP y la búsqueda de ganancias han impulsado a la industria a expandirse a nuevos mercados, concretamente la educación universitaria. De hecho, Ardeo Education Solutions, un actor temprano y prominente en este sector, fue fundada por Peter Samuelson, graduado de la Facultad de Derecho de Yale, quien se benefició del programa de asistencia de préstamos de Yale. Ardeo se posiciona como una forma de asegurar a las familias sobre los riesgos de contraer deudas para pagar la educación universitaria, “aumentando el acceso al impacto transformador de la educación superior” y liberando a los estudiantes de tener que elegir “entre sus pasiones y un salario”.

Los productos de seguro de título adoptan un enfoque diferente. Degree Insurance, que cuenta con Augustana College en Illinois como cliente, se basa en el prestigio del sueño americano para comercializarse como un ecualizador de ingresos; su producto estrella, “American Dream Insurance”, garantiza “igualdad de pago por igualdad de estudio”, donde “ningún graduado tendrá que ganar menos que sus compañeros, independientemente de su raza o género, porque todos tendrán la misma red de seguridad”. Este es un seguro contra las incertidumbres y desigualdades del mercado laboral, así como contra las debilidades individuales de cada candidato.

Si bien el alcance y la llegada actuales de este sector son difíciles de evaluar, Ardeo Education anuncia que ha proporcionado LRAP a más de 30.000 estudiantes en más de 200 universidades estadounidenses. Las instituciones participantes van desde una serie de pequeñas universidades religiosas como Lyon College y MidAmerica Nazarene University hasta una universidad pública de investigación como Eastern Michigan University. La elegibilidad para la asistencia al reembolso generalmente requiere la graduación de la institución que ofrece el programa, el trabajo a tiempo completo (30+ horas/semana) y mantenerse por debajo del límite de ingresos.

La extensión de los LRAP y el seguro de título a los programas de pregrado representa una nueva dimensión de la gestión de riesgos en la educación superior, que ha pasado por varias fases desde que comenzó en serio a finales del siglo XX, cuando las universidades comenzaron a responder a un aumento de las demandas por lesiones personales y litigios relacionados con la seguridad en el campus. Estos programas de gestión de riesgos, diseñados para proteger a las instituciones, eventualmente se ampliaron para incluir los requisitos del Título IX, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, las regulaciones ambientales, la gestión de la reputación, las comunicaciones de crisis, la ciberseguridad y, lo más relevante para este tema, la sostenibilidad financiera. Los seguros de préstamo y de título representan la última iteración de estos esfuerzos.

Por ahora, las universidades suelen pagar estos programas, aunque no está claro cuánto de ese costo se traslada a los estudiantes a través de la matrícula. La forma en que se seleccionan los estudiantes para participar en estos programas también es opaca. Las instituciones son libres de determinar qué estudiantes y qué carreras se les ofrece el programa. Por ejemplo, el sitio web de Augustana College indica que ofrece seguro de título sin costo directo para el estudiante, pero la participación es solo por invitación.

Por supuesto, existen razones para defender estos programas. El escrutinio del sistema de préstamos estudiantiles, que ha resultado en una crisis de deuda estudiantil, se ha intensificado en todo el espectro político, ya que los legisladores de ambos partidos reconocen el daño que ha causado (aunque no están de acuerdo sobre las soluciones). Los LRAP y el seguro de título pueden disminuir la tasa de morosidad de los préstamos y tranquilizar a las familias de bajos ingresos que no pudieron ahorrar para la universidad y son reacias a contraer préstamos para pagarla.

En un entorno marcado por una creciente competencia por los estudiantes, los profesionales de admisiones ven la oferta de LRAP y seguros de título como una ventaja competitiva. Los planes de reembolso de préstamos y de seguro de título también alientan a los estudiantes no solo a inscribirse en la universidad en general, sino también a seguir carreras con perspectivas laborales más desafiantes, que también suelen ser las que corren el riesgo de ser eliminadas debido a la baja inscripción. Esto es cada vez más relevante dada la noticia casi diaria del cierre de programas.

La llegada de estos instrumentos financieros es quizás una respuesta comprensible al aumento del costo de la educación universitaria, la creciente competencia por los estudiantes, la estancación general de los salarios y las cambiantes opiniones públicas sobre el propósito, el valor y los resultados de la educación superior. Sin embargo, la adopción de estas herramientas no solo se ve impulsada por la idea actual de que la educación universitaria es un riesgo, sino que también refuerza esa visión.

Estos programas no son simplemente una nueva y neutral opción financiera para los estudiantes. Al extender las lógicas de la gestión de riesgos institucionales a los futuros económicos de los estudiantes, estas herramientas cimentan la preocupante y potencialmente contraproducente idea de que un título universitario en sí mismo es un riesgo financiero que requiere protección, en lugar del camino más confiable hacia la movilidad ascendente y un componente crítico de nuestra continua prosperidad económica y cultural. Su adopción por parte de las universidades es un reflejo del “cortoplacismo” que ha marcado cada vez más la estrategia de educación superior. A medida que más instituciones adopten inevitablemente estos programas, no está claro cuánto tiempo seguirán siendo una ventaja competitiva. Además, a medida que la tendencia se extiende, podríamos ver que el mercado laboral responda, con los empleadores reduciendo aún más los salarios iniciales al tener en cuenta los pagos del seguro. De hecho, como muchos aspectos de la educación superior actual, se siente como una carrera hacia el fondo.

Las comparaciones entre los productos de seguros y otras formas de garantías de ingresos o empleo son difíciles de realizar. ¿Deberían las familias priorizar las universidades con buenos resultados (por ejemplo, tasas de graduación superiores al 70 por ciento y estadísticas de empleo posteriores a la graduación tranquilizadoras), redes de exalumnos sólidas o programas de préstamos y seguros? También es demasiado pronto para saber cuáles podrían ser las consecuencias de transferir el riesgo a terceros, una estrategia común de gestión de riesgos en la educación superior, para los estudiantes y las instituciones a largo plazo. Y, además, se financializa aún más la educación, de modo que en el proceso de formación del carácter, gestionar el riesgo, en lugar de otros valores o lógicas, se convierte en lo central de la identidad.

Las universidades podrían preguntarse si tratar los títulos universitarios como un riesgo sirve a sus intereses a largo plazo. Los productos de seguro de préstamo y de título pueden generar ganancias de inscripción a corto plazo, aliviar la ansiedad de las familias e incluso alentar a los estudiantes a seguir carreras que a menudo se consideran menos “comercializables”. Sin embargo, a largo plazo, estas estrategias alivian la presión para abordar los desafíos estructurales subyacentes, como el aumento de los costos, el estancamiento de los salarios y un sistema de préstamos defectuoso. En última instancia, socavan nuestra capacidad para defender la educación superior como un bien público, poniendo así en riesgo el futuro de todo el esfuerzo.